El PP denuncia que la Junta acumula 28 condenas por no revisar expedientes de formación

La portavoz de Empleo del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía, Teresa Ruiz Sillero, desveló ayer la existencia de 28 sentencias condenatorias contra la Junta «por no revisar a tiempo los expedientes de subvenciones de formación para el empleo»; un hecho, a juicio de la diputada popular, «tremendamente grave», ya que supone que el Ejecutivo autonómico tendrá que pagar más de cuatro millones de euros a empresas receptoras de ayudas formativas «sin que se haya comprobado la legalidad de las mismas». Para la dirigente popular se trata de una situación «surrealista», en la que 22 de las sentencias favorables a las empresas corresponden al entramado del ex consejero Ángel Ojeda, que tiene abiertas diversas causas judiciales en torno a la formación profesional para el empleo.

«Esas empresas que han recibido ayudas que están bajo investigación judicial han presentado recursos en el juzgado para solicitar la liquidación del 25% del pago final de la subvención, y como la Junta no ha revisado esos expedientes ahora se condena al Gobierno andaluz al pago, cantidad a la que hay que añadir el pago de los intereses y de las costas judiciales», resumió. Según los datos aportados por Ruiz Sillero, el total a abonar serían 3,7 millones de euros, de los cuales 2,3 irían a parar al entramado empresarial de Ojeda. A estas cantidades habría que sumar los intereses, en torno a un millón de euros, más las costas judiciales. El propio abogado de la Junta ha pedido a la Justicia, dijo, que se paralicen esas condenas.