El PP denuncia un «menoscabo de fondos» de 143.000 euros

La Junta reclama a Umax una cantidad «que no va a recuperar». La empresa participó en las ayudas de los ERE y en los cursos de formación

Los diputados del PP-A Teresa Ruiz-Sillero y Miguel Ángel Torrico, ayer, en la sede su partido

La diputada autonómica del PP-A Teresa Ruiz-Sillero desveló ayer que su grupo ha accedido esta semana a dos expedientes de la empresa Umax, relacionada con la trama de los ERE, en los que se les reclaman 143.000 euros «que no se van a poder recuperar y que suponen menoscabo de fondos públicos». Se trata de una sociedad que prestaba sus servicios en la dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo y que servía de apoyo a las labores de ese centro directivo, epicentro de las subvenciones que se concedían en el caso de los ERE. Como recordó la diputada popular, «en nómina de esa empresa se encontraban dos personajes de los ERES como Rocío Sayago y José Albarracín».

En este sentido, la jueza de Instrucción número 10 de Sevilla procesó a cinco ex altos cargos de la Junta, entre ellos los ex directores generales de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, por los pagos realizados entre 2003 y 2010 por la Consejería de Empleo a la citada empresa –Umax Informática y Consultoría– por la contratación de 44 trabajadores, «la mayoría cercanos al círculo de amigos y familiares» del propio Guerrero.

Como desveló este periódico, Umax también desarrolló funciones relacionadas con los cursos de formación. Así, el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) –posteriormente Agencia Idea– adjudicó a la empresa Umax Informática y Consultoría un contrato «de consultoría y asistencia técnica para la primera fase de una asistencia técnica de mantenimiento correctivo y evolutivo del sistema de gestión de la Formación Profesional Ocupacional para el Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico».

La herramienta informática que desarrolló fue el Gefoc, utilizada para controlar las acciones formativas durante los años en los que se produjeron las presuntas irregularidades que se han estudiado en la comisión de investigación de los cursos de formación.

Éste fue uno de los ejemplos utilizados por Ruiz-Sillero para criticar el dictamen final que se votará el miércoles en el Parlamento de Andalucía y que, a juicio del PP, «tiene una primera parte de corta y pega, faltan hechos relevantes, no se llega a las responsabilidades del máximo nivel y se obvian casos como el de los Consorcios, la Faffe, Delphi, las sedes compartidas, Ojeda, la red clientelar o los vínculos con el entorno familiar de Susana Díaz», dijo. El PP sustanciará sus conclusiones en un voto particular.

Los populares cifran en casi 30 millones de euros las cantidades que la Junta pretende recuperar con reclamaciones a las empresas y que éstas han recurrido a los juzgados: «Por los fallos judiciales que se producen, va a ser muy difícil que se pueda recuperar nada de esos 30 millones», auguró.