El PSOE-A desempolva una vieja reivindicación jornalera en plena «campaña de imagen» de Díaz

Susana Díaz no sólo necesita relanzar su imagen a nivel nacional –viaje a Bruselas incluido–, también busca transmitir un perfil andaluz indestructible. En esa doble carrera emprendida, el aparato del PSOE andaluz, que lidera la gestora nacional, juega un papel fundamental. Los socialistas defienden una vieja reivindicación jornalera como es la integración en el régimen general de casi 105.000 trabajadores eventuales agrarios. Una herramienta política más con la que buscar la confrontación con el Gobierno de Mariano Rajoy, al que desde las filas socialistas se acusa un día sí y otro también de «castigar» a los andaluces con el reparto de los fondos de la PAC (Política Agraria Común).

Desde antes de 2007, más de una década, los sindicatos han reclamado al Ejecutivo integrar a los trabajadores del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social en el Régimen General, para evitar el agravio de una mayor cotización, la menor pensión de jubilación o la imposibilidad de tener acceso al subsidio de desempleo general y de prejubilarse. Pero es precisamente ahora cuando los socialistas plantean una Proposición no de Ley en el Parlamento que haga llegar al Gobierno central su parecer favorable a la inclusión de todos los trabajadores eventuales del campo en «una única prestación nueva, denominada ‘Subsidio de desempleo agrario para trabajadores residentes en las comunidades de Andalucía y Extremadura’ que tome en consideración las cotizaciones efectuadas al Sistema de Seguridad Social».

Plantea el PSOE-A una mesa de diálogo entre el Ministerio de Empleo, los sindicatos representativos del sector y las comunidades andaluza y extremeña con este fin. En su argumentación expone que «el mundo rural andaluz está sufriendo una serie de cambios importantes que está afectando de una u otra manera al campo andaluz», incluyendo una «mecanización cada vez más utilizada en amplios sectores agrarios como el olivar, que tiene un peso específico en Andalucía, y que está cambiando la realidad sociolaboral del sector primario. Es decir, merced a los cambios en los sistemas de producción cada vez son menos las peonadas que produce el sector –el número mínimo para tener acceso al subsidio es de 35 jornadas reales cotizadas en los doce meses naturales anteriores a la situación de desempleo– , algo que va en detrimento de la mujer andaluza en particular y de las personas mayores en general.

Sólo en dos años el número de beneficiarios del subsidio agrario ha descendido casi un 10%, pasando de 131.555 en 2014 a 119.768 en 2016 (últimos datos oficiales del mes de octubre), con un coste mensual que ha pasado de 58,5 millones a 53,3 millones.

El origen de las peonadas difiere entre el subsidio agrario y la renta agraria. Para la renta agraria, las jornadas realizadas en el PFEA no se tendrán en cuenta para el cómputo. Sin embargo, en el subsidio agrario, los mayores de 35 años o menores con responsabilidades familiares pueden completarlas con las realizadas en el PFEA hasta un máximo de 15 si fueron beneficiarios del subsidio en el año anterior y hasta un máximo de 5 si no lo fueron. Para el PSOE-A, esta diferencia es significativa, ya que muchos necesitan esas peonadas del PFEA, que en el caso de la renta agraria no se les permite.