El PSOE se opondrá en el Parlamento a que se investigue Bahía Competitiva

La presidenta de la Junta, la socialista Susana Díaz, junto al vicepresidente de IU, Diego Valderas, ayer en el Parlamento
La presidenta de la Junta, la socialista Susana Díaz, junto al vicepresidente de IU, Diego Valderas, ayer en el Parlamento

Es oficial. El Grupo Parlamentario Socialista se opondrá hoy en el plenario del Parlamento autonómico a la creación de una comisión de investigación sobre las actuaciones de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), dependiente de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, en la gestión y concesión de ayudas para el Plan Bahía Competitiva durante los años 2007 al 2012. Una etiqueta que el PP-A llegó a calificar de «tercer fondo de reptiles de la Junta», al ser un «nuevo robo del dinero de los parados cifrado entre 23 y 25 millones de euros».

La petición de la comisión partió de los populares y de la negativa del PSOE a su constitución ya tiene constancia la Mesa de la Cámara, que admitió a trámite la solicitud del PP. De hecho, según consta en el número 306 del Boletín Oficial del Parlamento Andaluz (BOPA), este órgano «conoció el escrito presentado por el Grupo Parlamentario Socialista manifestando su oposición a la creación» de dicho ente investigador «en sesión celebrada el día 2 de octubre de 2013, de conformidad con lo previsto en el artículo 52.1 del reglamento de la Cámara».

La negación, rubricada por el portavoz del PSOE, Francisco Álvarez de la Chica, el 26 de septiembre, era necesaria, según explicaron fuentes parlamentarias a LA RAZÓN, para evitar que de acuerdo al mencionado artículo 52, se «entendiera creada la comisión de investigación solicitada», como marca el protocolo. Así, el siguiente paso hubiera sido que la «Presidencia diera cuenta» al plenario de la Cámara de la luz verde. Si bien, al haber expresado los socialistas su veto, será el Pleno el encargado de pronunciarse.

La iniciativa encallará si se opone la mayoría de los 109 parlamentarios: 50 del PP, 47 del PSOE y 12 de IULV-CA. En ese sentido, será clave el sentido del voto de los últimos, cuya formación es socio de gobierno del PSOE en el Ejecutivo autonómico.

El Grupo Parlamentario de la federación de izquierdas no ha presentado ningún escrito de oposición a que la comisión salga adelante, aunque cabe recordar que dijo «no» a otra propuesta similar de los populares para esclarecer, en aquel caso, el movimiento de fondos ligado a Invercaria. Y ello, pese a que la investigación judicial sobre las presuntas irregularidades cometidas en la empresa pública de capital riesgo avanza en el juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla.

IU arguyó entonces que el PP-A pretendía llevar a cabo una «utilización exclusivamente partidista» de la «fórmula» de la comisión de investigación. Argumento que sostuvo con una alusión al precedente vinculado a los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, cuyo resultado supuso, en palabras del portavoz de IULV-CA en la Cámara, José Antonio Castro, «el desprestigio de la institución». Fuentes de la coalición consultadas ayer por este periódico apuntaron que el pronunciamiento de su Grupo en torno a este asunto «será previsiblemente 'no'», dado que «la comisión debería hacerse en la Diputación de Cádiz».

Al margen de Bahía Competitiva, el PP también lamentó ayer la actitud de uno de los partidos que sustentan el Ejecutivo andaluz en torno a otro asunto: las supuestas facturas falsas del sindicato UGT. En concreto el portavoz del Grupo Popular, Carlos Rojas, criticó que el PSOE-A se haya opuesto a que la Junta se persone en el caso, asumido recientemente por el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que también se ocupa de la trama de los ERE.

Rojas apuntó que su partido defenderá hoy una moción en la Cámara autonómica sobre la formación profesional para el empleo en la que se pide al Ejecutivo regional que se persone en la causa de las facturas de UGT para ayudar a su investigación. Sin embargo, «y para sorpresa de todos», ironizó el popular, el PSOE-A «ha presentado una enmienda en la que pide que suprimamos este punto». «Es decir–apostilló Rojas–, que están en contra de que la Junta se persone en este caso», pese a las «palabras» que pronuncian en público los responsables del partido y la presidenta Susana Díaz.