El SAF denuncia a dos cargos de la Junta por ocultar datos del personal

Susana Díaz registró ayer su declaración en el Parlamento
Susana Díaz registró ayer su declaración en el Parlamento

El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) ha presentado una denuncia en el juzgado de Instrucción número 20 de Sevilla contra la directora general de Planificación y Organización de los Servicios Públicos de la Consejería de Hacienda, María Teresa Castillo Guerra, y su homóloga en el área de Recursos Humanos y Función Pública, Isabel Mayo López. En el escrito judicial, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, el sindicato relata que «ha presentado una serie de solicitudes de información de carácter básico, necesario e imprescindible» para defender los derechos de los funcionarios, sin respuesta satisfactoria por parte de la Junta. En concreto, en octubre de 2012, se pidió a la Consejería que «procediera a iniciar los trámites conducentes a incluir en las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT), de forma conjunta o separadamente, al personal eventual de la Junta», en su cualidad de empleados públicos, y a proporcionar, mientras tanto, «un listado específico y ordenado por centros» de los eventuales. Una información «esencial» y amparada en «la Ley 7/2007 para poder comprobar, entre otras cosas, si este personal está desempeñando tareas propias de personal funcionario, como ha ocurrido en otras administraciones», según el SAF. El silencio ha sido la respuesta.

Gobierno, «al margen de la ley»

En enero de 2013 se solicitó a ambas direcciones generales la dotación de puestos vacantes de las RPT «para su provisión por personal funcionario o, en su caso, por llamamiento de personal interino», al tener constancia de que «los puestos correspondientes a oficinas y centros de empleo del SAE, así como, de las oficinas comarcales agrarias correspondientes a la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera, apenas llega al 50%» con respecto al total de plazas. Reclamaciones reiteradas en mayo. Y hubo réplica: en junio Recursos Humanos «declina su competencia y matiza que corresponde a los titulares de las consejerías la dotación de puestos de trabajo».

Con anterioridad, el 7 de mayo el SAF había requerido, asimismo, «la relación de efectivos reales, a fecha actual, de las RPT de personal funcionario» de la Administración regional y que les comunicaran «las plazas vacantes y desdotadas existentes», como consecuencia de un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) favorable a la organización en ese sentido. En este caso, Planificación contestó el 31 de ese mes señalando que «no cabía» facilitar esa lista «donde, de hecho constan datos de carácter personal, sin que medie el previo consentimiento expreso de cada uno de los interesados». Con todo, remitió «de manera disociada, una creación de las plazas correspondientes a la RPT con indicación de si está dotada». El SAF considera la respuesta un «engaño» y sostiene que «no procede el consentimiento expreso», puesto que la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal contempla excepciones entre las que se encuadra su petición. A su juicio, «la negativa de la Administración al conocimiento de manera globalizada de los titulares y la forma de adjudicación» de los cargos sólo «puede obedecer» a la «necesidad de obstaculizar la labor de este sindicato», dado que «es el único medio para tener conocimiento de todas aquellas adjudicaciones que se hubieran efectuado al margen de la legislación vigente» o de la ocupación de puestos «cuando el titular no reúne los requisitos específicos» necesarios. La organización sindical cree «evidente» que se dan los presupuestos necesarios para «apreciar los delitos contra los derechos de los trabajadores y desobediencia de resolución judicial, regulados en los artículos 315 y 410 del Código Penal». Por ello, insta a la Fiscalía y a «los órganos judiciales del orden penal» que no miren «hacia otro lado» y depuren la responsabilidad de «autores, cómplices y colaboradores» en la forma de proceder de una Administración que «tiene asumido que puede actuar al margen de la ley».

Díaz expone su declaración y la de su marido

Anunciado y cumplido. La presidenta de la Junta, Susana Díaz, entregó ayer al filo de las 11:30 horas su última declaración de la renta y la de su marido, José María Moriche, en el Registro del Parlamento andaluz. La socialista declara de forma individual unos ingresos brutos de 59.894,44 euros y su esposo, de 15.171,55. Díaz tuvo que pagar a Hacienda 1.423,15 euros en 2012 mientras que a su pareja, dependiente en una librería de Sevilla, le devolvieron 550,22.

Presentó también la declaración de bienes de ambos, en las que afirman poseer dos inmuebles con la propiedad repartida al 50%, su vivienda habitual en la capital hispalense, con un valor catastral de 14.217,78 euros, y un solar anexo sin edificar por 5.274,99. En la declaración, accesible en la web de la Junta, se refleja un saldo en cuentas bancarias de 2.580 euros y 14.400 a plazo fijo, ambas al 50%. A ello hay que sumar un seguro de vida, cuya indemnización asciende a 350.000 euros. Díaz cuenta con tres vehículos y dos créditos bancarios –de la vivienda y el solar–.

Algo más de 20 minutos antes, IU también aportó los documentos de la renta de sus 12 diputados y de sus cónyuges. El PP de momento dice que no entrará en el «teatro» escenificado por la presidenta. Para Carlos Rojas, el «gesto» es más una escena de «vodevil» para «la foto» que una medida real por la transparencia de la Junta. En cualquier caso, los miembros del Gobierno andaluz presentarán el próximo lunes sus declaraciones de la renta y la de sus parejas y Díaz pidió a los diputados socialistas que también hagan el «sobreesfuerzo».