El SAF exige ceses por la agresión a dos veterinarios públicos

Mañana del miércoles 24 de agosto, dependencias de la Guardia Civil en Pozoblanco (Córdoba). El inspector veterinario de la Oficina Comarcal Agraria (OCA) de Los Pedroches I, J. M. R., hizo entrega a A. M. F. de una resolución de suspensión del código de explotación de su finca ganadera. La segunda se niega a firmar el recibí y el primero vuelve a su puesto de trabajo. Es allí donde, cuando se dirigía a una fotocopiadora, recibe desde atrás «un fuerte golpe en el lado izquierdo de la cabeza» y escucha insultos y amenazas de muerte de las bocas de dos individuos, familiares de A. M. F., quienes intentan además tirarlo por el hueco de la escalera de la tercera planta del edificio. No lo consiguieron gracias a la intervención de testigos. El agredido acabó en el hospital comarcal Valle de los Pedroches del municipio cordobés, donde además de los previsibles hematomas, le diagnosticaron, entre otras cosas, la rotura del tímpano izquierdo «por traumatismo». Este relato se desprende del acta de la declaración de J. M. R. ante la Guardia Civil que derivó en la detención ayer de los dos varones como presuntos autores de delitos de lesiones y amenazas. Pero las consecuencias de lo sucedido no se quedaron ahí.

La víctima está afiliada al Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), que ha pedido a través de un escrito, firmado por su presidente en Córdoba, Rafael Delgado, el «cese inmediato» del director de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de la comunidad (Agapa) en la provincia y del director de la OCA Pedroches I por lo que creen una «negligencia». Entiende el SAF que la agresión era «absolutamente previsible», ya que la familia en cuestión tiene «un historial violento» y otro veterinario ya había sufrido un ataque el 23 de junio en una inspección de su explotación en la que participó J. M. R. A esa exigencia, la organización sindical sumó otras dos: que se adopten medidas de protección del personal de las OCA y que la Junta se persone como acusación particular en la causa penal en defensa de los dos funcionarios afectados. De momento, el Ejecutivo regional ha anunciado que dotará de seguridad privada a las OCA de Pozoblanco e Hinojosa del Duque.