El secreto de los comisionistas

La juez Mercedes Alaya espera esta semana dar un nuevo impulso a la instrucción del caso de los ERE fraudulentos financiados con cargo al Presupuesto de la Junta de Andalucía. Mañana ha citado a declarar al dueño de Uniter, José González Mata, y el miércoles al ex directivo de Vitalia Antonio Albarracín y a su mujer, María José Marcos Férriz. El matrimonio ya compareció ante la juez dentro de la operación «Heracles». Albarracín se encuentra en libertad tras depositar una fianza de 600.000 euros impuesta por la Audiencia Provincial, que atendió el recurso de su letrado y corrigió la decisión de la magistrada.

La declaración de González Mata fue pospuesta en su momento por Alaya para estudiar la documentación de la Guardia Civil. De la misma, una vez levantado el secreto de sumario, se desprende que Uniter y su empresa satélite Ingotor percibieron como comisiones por su intermediación en los ERE 13.307.787€ (9.666.191€ por Uniter y 3.641.596€ por Ingotor) de euros.

Los investigadores señalan que González Mata utilizó su empresa Cureña para incrementar su patrimonio gracias «a los fondos de la Junta de Andalucía, de las sobrecomisiones abonadas a Uniter e Ingotor en los expedientes de regulación de empleo en los que esas dos empresas habrían actuado como mediadoras». Advierten de que «parte de esas sobrecomisiones habrían sido transferidas a Cureña, indiciariamente con el fin de ocultar el verdadero destino de ese dinero, que no sería otro que la supuesta liquidación de comisiones». Y aportan que «a través de Cureña adquirió 29 inmuebles, habiendo incrementado su patrimonio en 13.129.863,34 euros».

En otro punto, los agentes apuntan que en esas sobrecomisiones se han detectado «determinados pagos a favor de entidades y/o personas físicas, algunas de ellas con responsabilidad en la tramitación de las subvenciones otorgadas por la Junta de Andalucía».

En el caso concreto de los sindicatos, durante años recibieron dinero «por labores de asesoramiento». Los fondos venían de la Junta de Andalucía. También compensaciones por «los numerosos gastos que había tenido UGT, en viajes, manifestaciones, concentraciones, asambleas, reuniones informativas y demás gastos de convocatoria relacionadas con el conflicto». En este último caso, se pactaron tres pagos de 60.000 euros cada uno para cada sindicato.

En total, el sumario señala que «los datos bancarios y fiscales analizados muestran que del grupo de empresas que integra Vitalia se han transferido 4.291.384,10 €euros a los entornos de UGT y CC OO; del conjunto de sociedades que domina Mata se habrían destinado 3.253.031,61 € euros a los entornos indicados y del despacho de abogados Estudios Jurídicos Villasís se han transferido 104.400. Lo que supone una cantidad total de 7.648.815,71 € destinada a entidades vinculadas directamente con organizaciones sindicales». Y advierten de que «hay que apuntar, como se detalla en cada diligencia informe, que existen años (dentro del periodo analizado 2000-2010) en los que no se han podido recabar datos fiscales o financieros, por lo que es plausible que la cifra real de dinero transferido desde las tramas de Uniter y Vitalia a los entornos sindicales sea mayor que la expresada».

De todo ello tendrán que responder ante Alaya en calidad de imputados ambos responsables.