El segundo desplante de la Junta a Griñán en diez días

Al menos la mitad del cargo de presidenta de la Junta se lo debe Susana Díaz al ex presidente Griñán, que ejerció de Pigmalión con la socialista sevillana y la empujó hacia San Telmo con unas primarias exprés. Sin embargo, desde que juró el cargo –en el que el agradecimiento especial fue para Zapatero y no para Griñán– Díaz ha marcado distancias con su antecesor.

La primera muestra clara fue la semana pasada. La presidenta andaluza no acudió al Pleno del Parlamento para apoyar el nombramiento de Griñán como senador. El argumento oficial fue que ese día tenía audiencia con el Rey. Ciertamente la tenía, pero la votación fue a las doce de la mañana y la cita en la Zarzuela era a las siete y media de la tarde. La votación era incómoda para la presidenta, que quiere zafarse como sea del baldón de la trama de los ERE. El camino de Griñán hacia el Senado se produce para buscar el aforamiento en el Tribunal Supremo tras darle Alaya traslado del caso en «calidad de imputado».

El segundo desplante lo confirmó ayer el portavoz del Ejecuto autonómico, Miguel Ángel Vázquez, tras la reunión del Consejo de Gobierno. La Junta no recurrirá el polémico auto de Alaya que pre imputa a Griñán, a Chaves y a otros cinco ex consejeros autonómicos, entre ellos dos personas de la máxima confianza del ex presidente: Carmen Martínez Aguayo y Antonio Ávila.

Esgrime la Junta la autonomía de los servicios jurídicos de la Junta en la toma de decisiones, un argumento extremadamente débil porque en todos los procesos judiciales es la Junta la que hace uso según la estrategia que se marque de estos servicios jurídicos. La labor de este departamento es puramente instrumental. Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción sí ha recurrido el auto por «no ajustarse a derecho», entre otros motivos.

Lo más significativo es que el Gobierno andaluz presidido por Díaz no ha mantenido la misma beligerancia que sí mantuvo Griñán cuando la juez Alaya imputó a una veintena de cargos y ex altos cargos de la administración, entre ellos la ex ministra de Fomento Magdalena Álvarez o el ex interventor general Manuel Gómez. En esa ocasión sí se mojó el portavoz de la Junta. Dijo que el auto era «perfectamente recurrible» y que señalaba a personas «honestas y honorables» a las que la juez pretendía «imputar delitos que no existen en el Código Penal». El Gobierno andaluz recurrió, pero la Fiscalía Anticorrupción avaló la decisión de la juez.

Por su parte, el ex presidente andaluz Manuel Chaves aseguró ayer en un acto organizado por «El Confidencial» que la actitud de Alaya «roza la prevaricación».