El silencio de Fresneda alienta las dudas de las facturas falsas

El ex tesorero de UGT-A, Federico Fresneda, se acogió a su derecho a no declarar ante la comisión parlamentaria, «debido a que estoy siendo investigado» por el juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla. El silencio de Fresneda dio paso a las preguntas de los miembros de la comisión, en las que apareció el nombre del marido de la presidenta de la Junta, José María Moriche, y sus funciones en determinados cursos así como la financiación del sindicato y el PSOE.

Por parte de IU, José Antonio Castro, se refirió a Fresneda como un «valiosísimo compareciente». De ahí, «la frustración» ante su silencio cuando «se le ha imputado casi de todo». Con «más de 15 años en el cargo», «ha culpado a la cúpula de conocer el fraude sistemático con subvenciones de la Junta», señaló, aludiendo a «facturas falsas y el falseamiento de datos para cargar a los fondos de formación». «¿También se podría haber financiado el sindicato? ¿Qué papel jugaba usted? ¿Cuál era el objeto del fraude sistemático? ¿Financiar al sindicato?», cuestionó Castro. Respecto a que UGT compartiera centros con el PSOE para los cursos, IU cuestionó la «contraprestación» para el sindicato y para el partido. «¿La Consejería nunca advirtió al sindicato por las justificaciones año a año? ¿Mantuvo reuniones con responsables de la Junta? ¿Cuántas? Con quién? ¿Con qué objeto?», fueron las siguientes preguntas de IU. Castro concluyó: «Si había una fraude sistemático, como parece que afirmó, y lo conocían las empresas colaboradoras, ¿no lo conocía nadie de la Administración?».

La diputada de Ciudadanos Marta Bosquet preguntó por «cómo se organizaban» y «cómo abonaba la Junta», así como «por qué se abona una subvención sin justificación previa». Bosquet indicó que «Moriche aparece en su nómina, cuando se tiene conocimiento de que su actividad era preparar tutorías. ¿No se hacía distinción entre tutores y profesores del curso?». C’s también preguntó por los locales y alquileres de sedes, con el ejemplo del caso de la sede del PSOE en Torreperogil (Huelva) y un convenio de Susana Díaz «para crear un aula en la Casa del Pueblo».

Por parte de Podemos, el diputado Moreno Yagüe aludió al «procedimiento más básico de blanqueo». «¿Por qué sólo sindicatos y patronal recibieron subvenciones de formación después de eliminarse?», cuestionó.

El diputado popular Miguel Ángel Torrico apuntó a la «relación PSOE-UGT» como «clave del entramado». «¿Se ordenó desde una instancia superior? ¿Se compartió con el PSOE la forma de justificar? ¿Se llegó a pagar en metálico a responsables de UGT?», añadió. Torrico preguntó por la existencia de «una VISA Oro» o por la carga de «gastos de índole personal» y si «salió de esa cuenta de formación», poniendo el ejemplo la compra por parte de un miembro de la Federación de Transporte, en unos viajes a Cuba, de unos Montecristo número 5, «que al parecer le gustan muchísimo y está en su derecho si lo hace con su dinero». El PP también cuestionó si la técnica del «rappel» la «conocía la cúpula de la Junta y el PSOE andaluz», apuntando a «vasos comunicantes que dan que pensar», citando proveedores habituales de los cursos y del sindicato y sus relaciones con el PSOE de Sevilla. «¿Es habitual contratar proveedores por motivos políticos o vinculación con el PSOE?», inquirió. «¿Se hacían cambios de factura sólo con proveedores de confianza? ¿Con instrucción suya?», añadió.

Finalmente, el PP también llegó a la figura de José María Moriche, por cuya «titulación» preguntó así como por su vinculación con el sindicato y «cuánto ha cobrado». «¿Por qué en los cursos en los que se imputa su nómina hay más personal que docentes?». Sobre la sede del PSOE de Torreperogil, Torrico recordó que están «esperando» que envíen la documentación. «¿Cuántos convenios como éste se han firmado entre Susana Díaz y los cargos de la UGT?», añadió. Asimismo, el PP se interesó por «las acciones formativas» en sede del PSOE en localidades en las que UGT cuenta «con sede propia», caso de Chiclana o Bailén. «¿Era una forma de imputar gastos de alquiler para financiación?», inquirió Torrico.

Por parte del PSOE, el diputado Sánchez Haro lamentó «la actuación de los otros grupos». «Se obvia lo importante, todos los interventores han pasado y han dicho que en ningún caso ha habido fraude», subrayó. «Se pretende juzgar a una persona por su relación con el PSOE», denunció, calificándolo como «lamentable».

En el segundo turno, el popular Torrico señaló que «no procede la actuación del PSOE» y recordó que «sin documentación ni declaraciones es muy difícil conocer la verdad, que es lo que seguramente pretende el PSOE». Por alusiones, Sánchez Haro censuró que «lo importante es que yo no hable», señaló «difamaciones» y aludió a otros convenios firmados «con altos cargos del PP» como «Carlos Rojas».