El TC decidirá el futuro de la Agencia Tributaria Andaluza

SEVILLA- La vicesecretaria de Territorio, Medio Ambiente y Asuntos Europeos del PP andaluz, Alicia Martínez, reveló ayer un auto del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en el que éste duda de la «constitucionalidad» del decreto ley aprobado por la Junta en marzo de 2013 por el que se confirman los actos administrativos de la Agencia Tributaria andaluz, razón ésta por la que eleva una cuestión de inconstitucionalidad ante el TC.

Según explicó en rueda de prensa, esta posible inconstitucionalidad del decreto podría afectar a unos 350.000 actos administrativos, concretamente, a los que efectuó la Agencia Tributaria desde que en 2012 el Tribunal Supremo (TS) confirmara, tras varios recursos presentados por un sindicato, que los estatutos de la institución eran nulos –algo que ya declaró en 2011 una sentencia de la Sala de lo Contencioso de Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía–.

La «popular» advirtió de que, tras este nuevo auto del TSJA, estos actos podrían ser recurridos y declararse su nulidad, por lo que el decreto del Gobierno andaluz «habría puesto en riesgo la seguridad jurídica de los andaluces y la estabilidad económica de la propia Agencia Tributaria, que no recibe los ingresos correspondientes en conceptos como impuesto de patrimonio, actos jurídicos, documentaciones o liquidaciones tributarias».

Además, recordó que desde la aprobación de los estatutos de la Agencia en 2009 hasta que el TS los declarara nulos, se produjeron alrededor de 13.000 reclamaciones en los juzgados solicitando la anulación de los actos administrativos de la Agencia Tributaria. Y agregó que, ante esta «avalancha» de reclamaciones, el Gobierno andaluz decidió aprobar este decreto Ley 2/2013 de 12 de marzo de cuya «constitucionalidad» duda ahora el TSJA «con un artículo único que confirma todos los actos administrativos dictados en materia tributaria o de ingresos de derecho público por la Agencia Tributaria de Andalucía durante la vigencia de los estatutos declarados nulos».

Es por ello, por lo que Martínez insistió en que, como hace el Alto Tribunal andaluz en este auto, «cabe preguntarse si el decreto ley puede considerarse como una Ley de Convalidación de actuaciones administrativas ilegales». Asimismo, la parlamentaria popular advirtió de que el auto señala que «el decreto ley persigue por tanto, lograr la subsistencia en el ordenamiento jurídico de una serie de actos administrativos, dictados en un concreto periodo de tiempo, a pesar de la ilegalidad de origen», concretó.