El Tribunal de Cuentas abre diligencias en Sevilla Global por irregularidades de gestión

Ante las denuncias de privatización y cierre de empresas públicas en el Ayuntamiento hispalense, Juan Ignacio Zoido siempre ha mantenido que sólo ha actuado obligado por la ley, respecto a las primeras, y con la intención de acabar con los «chiringuitos» del anterior Gobierno municipal que compartían PSOE e IU, con Monteseirín al frente, en las segundas. Ayer, el Tribunal de Cuentas vino a darle la razón en lo que afecta a la polémica disolución de Sevilla Global. La Sección de Enjuiciamiento ha abierto diligencias previas ante los «indicios de responsabilidad contable» que se extraen del informe de fiscalización de 2010 realizado por la Cámara de Cuentas de Andalucía y el posterior escrito de la Fiscalía, en noviembre de 2013.

El Tribunal de Cuentas, tras distintas actuaciones previas, pide oír en un plazo de cinco días tanto al Ministerio Fiscal como al representante de la empresa municipal, una situacion ante la que el Ayuntamiento ya ha respondido con su personación.

El informe de la Cámara era demoledor. «Falta de transparencia y concurrencia», «responsabilidad contable», procedimientos en la selección de personal sin respetar los principios de publicidad, concurrencia, igualdad, mérito y capacidad... En el resumen se llega a precisar que el 67% del personal existente en la empresa en 2010, dos de cada tres empleados, habían sido enchufados. Además, el informe admite que se ha promocionado a trabajadores «sin respetarse el procedimiento convenido» y que las contrataciones temporales se transforman «de manera generalizada» en indefinidas, sin respetar ningún criterio. Complementos en nómina no legales, cesión ilegal de trabajadores que suponían un coste de 383.000 euros, despidos nulos que generaron un sobrecoste de 891.000 euros, pagos a empresas sin mediar contratos, duplicidad de funciones con el Ayuntamiento... Y lo peor es que Sevilla Global sigue siendo aún un quebradero de cabeza tras ser necesario dos ERE para su liquidación. El primero fue «tumbado» y el segundo espera sentencia del TSJA.