Ex mineros de Aguablanca, preparados para la movilización

Despiden a 16 de los 25 trabajadores ante el retraso de la Declaración de Impacto Ambiental. Piden a la Junta que ejerza más presión

Los ex trabajadores de la mina de Aguablanca están perdiendo la paciencia debido a la dilación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) por parte del Gobierno, condición indispensable para seguir con la actividad; y a la falta de voluntad que achacan tanto a la Junta de Andalucía como a la de Extremadura. Ambas administraciones se ven concernidas, ya que aglutinan a la mayoría de los trabajadores que han sido despedidos. El portavoz del comité de seguimiento, Jesús Ferrero, señala a este periódico que barajan retomar «en breve las movilizaciones ,porque están en juego 400 puestos de trabajo». La empresa le comunicó ayer el despido a 16 de los 25 trabajadores que quedaban desempeñando tareas de mantenimiento y vigilancia.

La mina se encuentra ubicada en el término de Monesterio (Badajoz) y está dedicada a la extracción de níquel. En torno a un centenar de ex empleados son extremeños y la misma cifra se reparte por los municipios andaluces de El Real de la Jara, Cala, Santa Olalla del Cala o Nerva. La empresa solicitó la Declaración de Impacto Ambiental en julio del 2015. Sin embargo, el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente aún no se ha pronunciado. Los mineros entienden que se está produciendo una estrategia dilatoria porque cada vez que se cumple el plazo para dictaminar de manera definitiva piden una nueva información complementaria. La última solicitud se produjo el 8 de febrero. Es la cuarta. Las anteriores tienen fecha de febrero, abril y agosto del año pasado. Con cada petición, el plazo se interrumpe hasta un máximo de tres meses, que es el que dispone la Dirección de General de Calidad y Evaluación Ambiental para pronunciarse de nuevo desde que recibe los documentos. En Aguablanca hay enterrados más de tres millones toneladas de níquel.

La mayor parte de estos trámites los ha llevado a cabo la empresa canadiense Lundin Mining Corporation, propietaria de unos derechos de explotación que vendió a finales del año pasado a Valoriza Minería. El colectivo de trabajadores afectados teme que un retraso excesivo provoque que la nueva sociedad, que pertenece al grupo Sacyr, abandone también el proyecto. Actualmente, la mina cuenta con los permisos para la explotación a cielo abierto, pero para seguir con la extracción en interior es imprescindible la citada DIA.

El retraso no sólo mantiene en vilo a las casi 400 trabajadores que, de manera directa o indirecta, se han visto afectados. También se están produciendo consecuencias materiales. La balsa de agua fresca que se utiliza para el tratamiento de los minerales está inundando galerías de la mina ante la falta de maniobra para buscar otras alternativas. Revertir la situación no será fácil, y sobre todo será costoso. El colectivo de mineros demanda un papel más activo, tanto de la Junta de Andalucía como de la de Extremadura. El PSOE ha llevado recientemente una propuesta de pronunciamiento a la Asamblea de Extremadura, instando al Ministerio del ramo a una aprobación inmediata de la Declaración de Impacto Ambiental. Sin embargo, en Andalucía ha sido Izquierda Unida quien tomó la iniciativa y trasladó el asunto a la Cámara autonómica con una pregunta al consejero de Empleo, dirigida igualmente a la dilación en los plazos y a la repercusión sobre los antiguos trabajadores, ya que la mayoría han agotado las prestaciones debido a que antes del ERE extintivo sufurieron dos expedientes laborales temporales.