Exculpan al ex delegado de Empleo en Málaga y otros funcionarios

El juez no aprecia «indicios de haberse perpetrado hechos delictivos» en la causa. Lo único probado es que la Junta se vio «desbordada» al realizar el seguimiento y la verificación

El juzgado de Instrucción número 8 de Málaga acordó ayer el sobreseimiento libre de la pieza principal en la que se investigaba al ex delegado de la Consejería de Empleo en Málaga Juan Carlos Lomeña y otros ex cargos del Gobierno andaluz, así como funcionarios por presuntas irregularidades en dos convocatorias de subvenciones para cursos de formación para desempleados con compromiso de contratación del Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

El auto, que acuerda además el sobreseimiento para la que fuera jefa del Servicio de Formación para el Empleo Isabel Almendro y otros funcionarios, señala que «no aparecen indicios de haberse perpetrado los hechos delictivos que dieron lugar a la formación de esta causa principal», al tiempo que subraya que la formación de esta causa «no perjudica la reputación de los mismos». El juez instructor expone en la resolución que «lo único que se ha comprobado» es que la Administración regional «se ha visto desbordada e incapaz de llevar a cabo el examen previo, control exhaustivo, seguimiento detallado y verificación pormenorizada del enorme número de cursos subvencionados».

El juzgado en cuestión abrió un total de 26 piezas al margen de la principal que en su mayoría han sido archivadas y que se centraron en investigar dos convocatorias públicas de los meses de noviembre y diciembre del año 2010, en las que se analizó la actividad de diecisiete empresas y diez sociedades. Para el magistrado, «no supone que exista perjuicio patrimonial a los fondos públicos cuando se constata que alguna de las entidades beneficiadas no reúne los requisitos establecidos porque la Administración ha procedido a reclamar el reintegro de las subvenciones». Las defensas habían solicitado el sobreseimiento de las actuaciones, petición a la que se adhirió la Fiscalía y la Junta de Andalucía, sin que el resto de acusaciones, Abogacía General del Estado y Tesorería de la Seguridad social realizaran alegaciones al respecto.