Falla la estrategia dilatoria

La decisión de la Junta de recurrir el auto de imputación de una veintena de cargos y ex cargos de la Admnistración tenía como uno de los objetivos fundamentales tratar de retrasar la instrucción. El Gobierno andaluz teme a lo que pueda decir el ex interventor general Manuel Gómez, que ya acusó a Griñán de «cebar» la partida corrupta de los ERE y de mirar para otro lado tras recibir las 15 alertas del máximo órgano fiscalizador, «cuando podía haber acabado con el nido de corrupción en 24 horas» si hubiera tenido voluntad de hacerlo. Con el aplazamiento de la declaración, la Junta podía ganar tiempo, irse de vacaciones con cierta relajación y preparar con más holgura el relevo al frente de la Junta, que se prevé al menos tan exprés como las primarias. Un relevo en marcha, de Griñán por Susana Díaz sin que medie proceso electoral. Esta bala se le ha encasquillado a la Junta. Alaya desmonta en un breve –4 folios– pero contundente auto los argumentos principales del recurso del Ejecutivo autonómico. Atendiendo a la tesis de la magistrada, ni las leyes de presupuestos obligaban a pagar las ayudas a través de la fórmula irregular de la transferencia de financiación, ni en la citación como imputados tiene que detallar los posibles delitos cometidos, tal y como recoge el artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Teniendo en cuenta el firme posicionamiento de la juez y el de la Fiscalía Anticorrupción –que también ha avalado la decisión de la magistrada– es difícilmente imaginable que la Audiencia dé la razón a la Junta. De confirmarse el varapalo, dejará en entredicho al PSOE y a los socios de IU.