Fernández admite «compromisos verbales» para el pago de ayudas de los ERE

Niega que nadie le ordenara otorgar fondos públicos «por algún motivo de interés personal» o «territorial»

El ex consejero de Empleo de la Junta Antonio Fernández es consciente de que está muerto «políticamente». Lo reconoció ayer en su cuarta jornada de interrogatorio en el primer juicio del «caso ERE» que lo ha engullido como al resto de los 21 encausados. Pertrechado con una botella de agua y un tubo de pastillas para «aligerar» la maltrecha garganta, intentó un abordaje pragmático de las preguntas de la Fiscalía a la que dejó caer que si hubiera sido informado de «todas las gestiones de todas las direcciones generales» que estuvieron a su cargo, no hubiera tenido «tiempo material» para «escuchar toda la información»; o que es «humanamente imposible de seguir» lo que hacía «cada uno» de su «equipo».

Volvió a apuntar hacia abajo al sostener que la Dirección General de Trabajo actuaba «con absoluta normalidad, responsabilidad y autonomía en su ejercicio competencial» y era la responsable «normalmente» de decidir si se otorgaban «ayudas, préstamos o avales» a las empresas, sin que él supiera cuando se determinaba convertir en subvención con cargo a la partida 31L, el llamado «fondo de reptiles», el crédito que no se pagaba. Cuestionado sobre si algún alto cargo del Gobierno regional se puso en contacto con él para que se priorizase el abono de una ayuda, respondió que «nunca». En los «casi 20 años» de actividad pública que acumuló «nadie ha mediado para que haga algo en función de». «Preguntarme por problemas, muchísimos políticos, altos cargos, alcaldes y parlamentarios –matizó–, pero en mi vida nadie me ha dado una orden de que conceda algo a alguien por algún motivo de interés personal, territorial o cualquier otro». Y hubo nueva apostilla: «Entre otras cosas porque yo tampoco lo podía conceder, además de que no era propio».

El Ministerio Público se interesó también por conocer los motivos que lo llevaron a cesar al ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero en abril de 2008. El ex consejero relató que fue a raíz de unas elecciones autonómicas en las que el PSOE revalidó «el respaldo de los andaluces» y a él le volvieron a «confiar» la Consejería de Empleo. Entonces optó por mover a «más de la mitad del equipo, entre ellos a Guerrero». «Hice un cambio sustancial porque abordaba un nuevo tiempo», dijo, para sumar que el ex director general «llevaba más de 11 años» al frente de un área que «desgasta más de lo que uno puede entender» por lo que creyó «conveniente» su salida. «Si quiere que le comente que tenía alguna que otra queja de su gestión, las tenía», anotó sin que la Fiscalía interviniera, pero «nada especial», como las hubo sobre otros asuntos, entre ellos «el funcionamiento de los cursos de formación». Para sustituir a Guerrero eligió al que había sido delegado de Empleo en Huelva, Juan Márquez, un «hombre dispuesto» al que «le gustaban las nuevas tecnologías». A él le encomendó que le prestara una «dedicación importante» a la 31L, que la «impulsara», pero no le dio órdenes sobre como aplicarla. Le advirtió de que había que «nivelar» el desfase que existía entre Empleo y el IFA –que actuó de caja pagadora–, por lo que había que ahorrar en el «nivel de ayudas» en una etapa ya con escasez presupuestaria. Le encargó, en definitiva, que revisara lo hecho por Guerrero, de lo que le daba cuenta «cada dos o tres meses», ya que tuvieron una «relación muy fluida». En ese contexto, Márquez le trasladó que se encontró con «un importante volumen de problemas en relación con el impago de pólizas como consecuencia, al parecer, de compromisos no suscritos». El presidente del tribunal, Juan Antonio Calle, le pidió que aclarase ese punto y Fernández expuso que se refería a pactos «verbales» de la última etapa de Guerrero que «no llegaron a formalizarse en un convenio particular», imaginaba que «por falta material de tiempo», al no esperarse aquél su cese. «Yo no los anuncio», limó. Unos compromisos que «en general se atendieron». No hablaron de «intrusos», un tema «muy posterior» a su «estancia en el Gobierno», y apoyó a su subordinado cuando se opuso al pago de ayudas que entendió «no se ajustaban» a la 31L como algunas del tándem empresarial investigado formado por José E. Rosendo y José M. Sayago.

El «gran error» de situarse «como un ciudadano normal»

Las palabras pueden quemar. De la misma forma que Antonio Fernández expulsó de la Junta a Guerrero, el ex presidente José Antonio Griñán prescindió de él en marzo de 2010. La Fiscalía preguntó al ex consejero por aquel momento y éste admitió que no pidió explicaciones. «La puerta es muy ligera para entrar y para salir», rebajó importancia. Contó que Griñán le llamó para comunicarle que no contaría con él, tras lo que le agradeció su estancia en la Junta y luego continuó «un tiempo como parlamentario» andaluz, que lo era por Cádiz. ¿Cuánto fue?, quiso saber el Ministerio Público. Contestó que «muy poco». «Cometí un gran error, irme de parlamentario, que no me lo perdonaré en mi vida, porque me situé como un ciudadano normal», llegó a confesar, en alusión a que perdió el fuero del que gozan los diputados. Enfrentó el «caso ERE» sin estar aforado. Fernández recordó que «dimitió voluntariamente» para dedicarse a «otra actividad alejada de la política». Fue elegido presidente del Consejo Regulador del Vino de Jerez, sin haber hecho «ninguna gestión» para favorecer el reparto de ayudas a empresas del entorno del marco jerezano.

Más datos

* Tras el turno de la Fiscalía, la representación procesal del PP-A solicitó dar lectura «íntegra» a la declaración que Fernández prestó en abril de 2012 ante la primera instructora del «caso ERE», la jueza Mercedes Alaya, que terminó con la decisión de ésta de enviarlo a prisión provisional y que ahora no ha ratificado. El tribunal aceptó la petición, pese a las protestas del abogado de Fernández.
* Entonces al ex consejero le plantearon más de 500 preguntas. Su lectura provocará que el ex presidente Griñán no comience a declarar esta semana.