Fernández, contra interventores, jueces y policía: «Esto es un bluf»

La Cámara de Cuentas de Andalucía; la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional; la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil; la Fiscalía Anticorrupción; varios jueces de distintos juzgados de instrucción de las ocho provincias andaluzas; los partidos políticos –a excepción del PSOE–; todos ellos han denunciado en mayor o menor medida el presunto «fraude en los cursos de formación» cometido con las subvenciones concedidas por la Junta de Andalucía. Sin embargo, para el ex consejero de Empleo Antonio Fernández –investigado en la causa abierta por el juzgado de Instrucción 6 de Sevilla– no hay «caso». Según aseveró en la comisión de investigación del Parlamento de Andalucía, en realidad todo este asunto se trata de un «bluf», motivado «por una presión social y mediática fortísima», que provocó «una crisis de ansiedad» en el seno de la Junta de Andalucía y en el que «todo lo que había sido normal dejó de serlo», hasta el punto que «los interventores que habían dado su conformidad a las ayudas luego las cuestionan».

El origen de ese clima lo situó, sin citarlo, en el «caso de los ERE». Hay que recordar que Fernández es uno de los principales imputados en este asunto y estuvo en prisión provisional –como él recordó– entre finales de abril y principios de agosto de 2012. En los ERE, uno de los asuntos vehiculares para todas las partes es el papel de la Intervención General de la Junta.

Las críticas del ex consejero no se quedaron ahí. Auguró que las investigaciones judiciales corroborarán su postura porque «muchas de ellas ya están cerrándose, ya que no hay materia ni penal ni administrativa». Cargó contra el PP –único partido al que no contestó, como ya hicieron Ángel Ojeda y Teresa Florido– y mantuvo que a algunos les viene «muy bien» difundir la imagen de la «Andalucía corrupta» para «ganar votos». En otro momento de su comparecencia apuntó que el PP «no le merecía ningún respeto» y le acusó de haberle «privado de libertad» 122 días.

Fernández defendió en todo momento su actuación al frente de la Consejería de Empleo, así como la de los ex presidentes Chaves y Griñán. Igualmente, desvinculó a Susana Díaz de ese clima de «nerviosismo» que motivó la suspensión de los cursos –decisión de la presidenta– porque él en su lugar «hubiera hecho lo mismo». Lo curioso es que justificó esa decisión por el «atasco» de expedientes de subvenciones, circunstancia que venía de años atrás, como se ha puesto de manifiesto en la comisión y no por ese clima de ansiedad que se generó en los órganos de control.

Sobre los dos ex presidentes dijo, a preguntas de IU, «no tengan en sus alforjas la posibilidad de implicar en nada a Chaves y Griñán». La actitud del ex consejero durante las dos horas que estuvo en el Parlamento fue dura con los miembros de la comisión –«altanera», la definió la diputada de Ciudadanos Marta Bosquet; «combativa por los genes gaditanos», según la diputada del PP Teresa Ruiz Sillero– y calificó de «patético» que hayan podido sugerir que se dieron órdenes ilegales o se flexibilizaran los controles.

«Lo que quieren escuchar es que nos juntábamos en un rinconcito en San Telmo (...), nos quedábamos con el 20 % de las ayudas y se lo dábamos a (Ángel) Ojeda. Pero eso es mentira», dijo.

Una década de investigaciones en torno a empleo

José Antonio Viera y Antonio Fernández se encontraron ayer en los pasillos del Parlamento de Andalucía. El primero fue consejero de Empleo entre los años 2000 y 2004; el segundo, que ya había sido viceconsejero, lo sustituyó en 2004 y conservó la cartera hasta 2010. Una década investigada primero en el «caso de los ERE» y ahora en el presunto «fraude de los cursos de formación». Fernández, al no estar aforado, ha corrido peor suerte de momento.

El ex consejero Viera ve «lógico» el beneficio de los empresarios en los cursos

Una de las cuestiones que la comisión de investigación debe dilucidar es el motivo por el que la formación profesional para el empleo atrajo a tantos empresarios cuando, en principio, se trataba de una actividad no lucrativa. Ésa es una de las claves: la normativa impide que el beneficiario de las ayudas obtenga beneficios económicos más allá de justificar determinados gastos de estructura imputables a las acciones formativas. Este extremo, de hecho, fue recalcado por el ex consejero Antonio Fernández durante su comparecencia: «Con esta normativa es imposible obtener beneficios en la formación profesional».

El problema es que horas antes, el ex consejero José Antonio Viera, ofreció una versión distinta y aseguró que «en pura lógica, el empresario quiere vivir de esa actividad». Es más, apuntó que «el beneficio de las empresas en la formación le diría que está en el espíritu de los acuerdos de concertación en los que están representados sindicatos y empresarios». Los acuerdos de concertación también fueron citados por Fernández para poner en valor que las políticas de formación de la Junta gozaban de amplio respaldo en la sociedad.

Otra cosa es que distintas entidades receptoras de los fondos acabaran facturando parte de los cursos a sociedades de su entorno, una fórmula sencilla que les permitiría beneficiarse de los fondos públicos.

Por otra parte, a preguntas del diputado popular Jaime Ray-naud, Viera también se refirió a otro de los asuntos que todos los comparecientes hasta la fecha han asegurado desconocer: la impartición de cursos en sedes compartidas de UGT y el PSOE. El ex consejero de Empleo, que fue también secretario provincial de los socialistas en la provincia de Sevilla entre 2004 y 2012, negó «tajantemente» –tras dudar al principio– que esto se produjera y apuntó que no había firmado convenio alguno para dar cobertura a este tipo de acciones.

Igualmente, calificó de «coincidencia» la acumulación de ayudas para cursos de formación a distintos ayuntamientos del PSOE en la provincia de Sevilla y negó trato de favor para beneficiar a empresas, personas o instituciones. Las ayudas se concedían a ayuntamientos de «todos los colores» políticos.

El ex responsable de Empleo también apuntó acciones positivas como el apoyo al sector aeronáutico, al que ahora otros se apuntan.