Fernández defiende los pagos a UGT, al no ser «Hermanitas de la Caridad»

La Razón
La RazónLa Razón

El secretario general de UGT-A, Francisco Fernández Sevilla, reivindicó ayer en Linares (Jaén) la «militancia activa» sindical frente a la «campaña muy bien orquestada» que, a su juicio, «padece» su organización, con «ramificaciones políticas, económicas y mediáticas», encaminadas a «desprestigiar» al sindicato.

En su intervención en la clausura del V Congreso Regional de Metal, Construcción y Afines (MCA), Federación de Industria, Fernández Sevilla, tras felicitar a la nueva ejecutiva, encabezada de nuevo por Manuel Jiménez, se refirió así a los «ataques» que, según recalcó, sufre la organización que lidera actualmente por parte de «la derecha política, económica y mediática».

En concreto en relación a la investigación de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) fraudulentos de la Junta, el líder de UGT-A negó que el sindicato disponga de «una fuente de financiación adicional e ilegal» a través del dinero que se obtiene de la negociación que llevan a cabo los sindicalistas de esos expedientes en las empresas en crisis.

Explicó que, en esos casos, los miembros del sindicato, «lo único que hacen es buscar soluciones», para que quienes tengan que acogerse a esos expedientes «se vayan en las mejores condiciones posibles». Un trabajo que, según Fernández, tiene «costes» y «vale dinero», que la organización «tiene derecho a cobrar», porque sus miembros «no son Hermanitas de la Caridad», proclamó, para matizar que, en todo caso, «eso no es ilegal».

Sin abandonar el «caso de los ERE», el máximo dirigente de UGT-A defendió las concentraciones de sindicalistas a las puertas de los juzgados de Sevilla a raíz de la segunda fase de la «Operación Heracles», en las que se insultó a la juez instructora Mercedes Alaya coincidiendo con la declaración del secretario provincial de UGT en Cádiz, Salvador Mera. Es más, Fernández Sevilla mantuvo que se «volverán a hacer cuando se detenga a una persona del sindicato entendiendo que era innecesario hacerlo».

Y ello, pese a que en una circular interna promovida por el secretario general de UGT, Cándido Méndez, se sostiene que la Comisión Ejecutiva Confederal del sindicato está en «desacuerdo» con «el contenido y el tono» de las declaraciones «en las que se vierten juicios de valor sobre la actuación del juzgado». Es más, en ese texto se precisa que de realizarse una crítica a órganos judiciales, «debe llevarse a cabo con pleno respeto a la Administración de la Justicia y a las personas que las representan».

Con todo, el líder de la organización en Andalucía volvió a criticar ayer los «excesos» que se cometieron con su compañero, a quien, aseveró, «se le retuvo prácticamente 72 horas y se le obligó a declarar esposado». Desde esa óptica, apuntó que el sindicato «estudiará si cabe interponer algún recurso» al auto de Alaya en el que declaró la responsabilidad civil subsidiaria de UGT y CC OO de las fianzas impuestas a los representantes encausados.