Fernández rechaza que tuviera que «velar por la legalidad» del convenio marco que nutrió los ERE

El presidente del tribunal acorrala al ex consejero al hacerle concretar por qué no ratificó sus respuestas ante Alaya

Una confesión del ex consejero de Empleo Antonio Fernández se quedó grabada en lacre en la Sala de la Audiencia de Sevilla que lo juzga por el «caso ERE». Aseveró que se sintió «inseguro», «indefenso» y «absolutamente acosado» en el interrogatorio que comandó en la fase de instrucción la jueza Mercedes Alaya por lo que no ratificaba la declaración que hizo ante ella. La defensa del ex consejero ha hecho luego un trabajo machacador, minucioso e insistente que casi quedó borrado de un plumazo tras soltar ésta la palabra, el letrado Alfonso Martínez del Hoyo, y tomarla el presidente del tribunal, el magistrado Juan Antonio Calle, quien obligó al investigado a mantener la garganta caliente tras acorralarlo. Le planteó a Fernández que sus colegas y él mismo no tenían «una bolita de cristal» para poder «imaginar o suponer» lo que quiso decir con que las actas de su intervención ante Alaya no se ajustaban a lo que él había expresado, con lo que le daba la oportunidad de manifestar en qué diferían.

En un gesto inédito hasta ese momento, puesto que no lo había hecho con ninguno de los otros encausados que no certificó su declaración, el magistrado le leyó una batería de sus respuestas ante la jueza para que el ex consejero le dijera qué aspectos confirmaba y cuáles no. Hubo instantes erizados ya que Fernández dio muestras de no entender lo que pretendía que hiciera el presidente y repetía que no se acordaba con exactitud de lo que afirmó en 2012. Su letrado trató de detener la escena agarrándose al «agotamiento» de su cliente tras horas de contestaciones, motivo que no convenció, e incluso pidió la suspensión de la sesión o que se le permitiera una «brevísima» comunicación reservada con su representado, pero Calle decidió seguir hasta que el encausado le garantizó que no estaba en condiciones de hacerlo por su afonía casi una hora después. Entre medias, Fernández no quiso ratificar cuestiones como el que ex presidente de la Junta e investigado Manuel Chaves tuviera conocimiento del «sistema operativo» para dar ayudas de forma ágil, ya que él no se lo contó y no sabe si su compañero de banquillo y ex titular de Empleo José Antonio Viera lo hizo. Sí asumió que firmó el borrador del convenio marco que soportó el reparto de fondos públicos porque no le advirtieron de ningún reparo, aunque matizó que no se acordaba de si «lo remitió Empleo o el IFA», las partes que lo suscribieron. En relación a éste, apuntó que su origen se remontaba a 1999, que se extendió a 2000 y 2001, y que cree que lo rubricaría el entonces consejero de Trabajo Guillermo Gutiérrez.

A cuenta de lo que corroboraba o no sobre otra de sus respuestas a Alaya, Fernández acabó sosteniendo que en su condición de consejero y viceconsejero «no tenía que velar por la legalidad» del convenio, sólo por la «conveniencia política» del mismo. Otro momento tenso estuvo ligado al «vacío normativo» sobre los criterios a seguir para otorgar las ayudas que el ex consejero reconoció ante la primera instructora del caso y en el que ayer se quedó clavado, si bien defendió que la ya famosa Orden ministerial de 1995 y el convenio marco andaluz no eran incompatibles y que asignar ayudas de forma «discrecional» no es sinónimo de «ilegal». El presidente del tribunal puso al acusado ante sus contradicciones en algún otro punto como el ligado a que empresarios y sindicatos conociesen unas ayudas a las que no se les daba publicidad. Antes de ese desarmar recuerdos y poner en duda la certeza de respuestas, que para fuentes del caso «podría poner en peligro la apariencia de imparcialidad» del presidente del tribunal, Fernández apuntó a su letrado que no tuvo «reuniones muy habituales» con el director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, quien «a lo sumo», le planteó «la situación de los conflictos, la problemática que podía tener algún sindicato» pero «nunca» la gestión de «ningún programa ni la necesidad de que le diera órdenes para hacer algo en concreto». Rechazó que la falta de fiscalización previa de las subvenciones excepcionales implicara que éstas se otorgaran «libérrimamente» o que exista «relación de causalidad» entre la forma de gestionar la partida 31L, el «fondo de reptiles», y «los eventuales desvíos de fondos públicos que en su caso se hubieran podido producir respecto de la finalidad pública prevista para ellos», que no negó. No tuvo conocimiento, dijo, de que se estuvieran produciendo «conductas individuales indebidas» vinculadas a la 31L y quiso dejar claro a la Sala que en su consejería no eran «unos insensatos» como para, «de haber conocido una situación de manifiesta legalidad, haber mirado para otro lado».

Llega la hora de Griñán

El presidente del tribunal enjuiciador, Juan Antonio Calle, planteará hoy algunas cuestiones más al ex consejero Antonio Fernández relacionadas con su declaración ante Alaya y luego está previsto que suba al estrado el ex presidente andaluz José Antonio Griñán, uno de los encausados sobre los que están puestos los focos mediáticos.