Frente al despoblamiento interior

Evitar el vaciamiento exige equilibrar posibilidades de prosperidad y comodidades entre lo rural y urbano

Frenar la despoblación de la España interior parece ser uno de los pocos lugares comunes en los que nos encontramos casi todos los españoles. Más allá de nuestras fronteras es algo que también preocupa al resto de socios europeos hasta el punto de que el denominado «renacimiento rural» será uno de los principales pilares o áreas focales del próximo programa marco europeo. Esto último significa que, a partir de 2021 y hasta 2027, los países de la Unión Europea estarán llamados a presentar buenos proyectos para capturar la mayor parte de los 100.000 millones de euros que pueden destinarse a evitar el vaciamiento interior del viejo continente.

Que los españoles nos pongamos de acuerdo en algo no es en absoluto menor en la coyuntura actual de golpismo secesionista. España necesita de tareas nacionales compartidas capaces de convocar a la sociedad y capaces también de movilizar recursos. No digo que la lucha contra el vaciamiento interior sea la tarea nacional prioritaria pero sí algo que nos une; la acción de conservación de una importantísima parte de nuestro patrimonio histórico artístico, del patrimonio natural y, especialmente, del patrimonio sentimental de todos los que guardamos en nuestros recuerdos la vida en el pueblo y de quienes viven en ellos. Dicho lo anterior la pregunta a responder es ¿qué estamos dispuestos a hacer para evitar el vaciamiento interior? Uno de cada seis municipios en España tiene menos de 100 habitantes. En ellos residen algo menos de 80.000 de los casi 47 millones de ciudadanos que vivimos en España. Son pocos pero el problema se ve mejor cuando ampliamos el ángulo hasta los municipios de 10.000 habitantes. En este caso el porcentaje de ciudadanos residentes ya sube hasta el 20,3% de la población. En Andalucía, el 26,47% de los municipios, un total de 206, tiene mil o menos habitantes.

En cualquier caso, tratar de frenar o revertir el vaciamiento interior obliga a tomar medidas compensatorias que no es sino una suerte de injerencia en las decisiones de las familias dispuestas a moverse del ámbito rural al urbano. Una injerencia financiada con dinero de todos a partir de un amplio consenso entre los españoles que entendemos que preservar el mundo rural es algo beneficioso para la mayoría y, por esa razón, estamos dispuestos a movilizar recursos a tal fin. Pero no nos engañemos, la actuación va contra un fenómeno demográfico mundial. Desde comienzos de la década de los noventa del siglo XX, la mayor parte de la población del mundo vive en ciudades. Las familias buscan en la ciudad mejores oportunidades, comodidades o ambas cosas. Es plenamente legítimo y, por tanto, no se puede condenar a nadie a vivir fijado al territorio sólo para complacer a quienes queremos regresar al pueblo en las vacaciones de verano o gustamos del turismo interior. Evitar el vaciamiento exige equilibrar posibilidades de prosperidad y comodidades entre lo rural y lo urbano de manera que la residencia sea una opción libre de las familias pero no sesgada de inicio en favor de los núcleos urbanos.

A las actuaciones impulsadas desde hace décadas en la mejora de la conectividad del transporte entre núcleos urbanos y rurales y las orientadas a favorecer el turismo interior hay que sumar con decisión, los incentivos fiscales y las medidas para reducir la brecha digital. La lista de medidas debe ser abierta y dinámica.

En materia fiscal hay dos medidas que implican directamente a las regiones y a las administraciones locales. Ambas tienen que ver con facilitar la adquisición de una vivienda. No pocos municipios rurales tienen una importante bolsa de viviendas desocupadas y las administraciones públicas pueden animar a su venta y adquisición por familias que fijen su residencia en ellas. Así, la reducción del actual tipo impositivo del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) hasta el 0,01% en las compraventas de inmuebles rurales es un buen incentivo fiscal que se puede modular según el número de habitantes del municipio y limitar a familias jóvenes que adquieran la vivienda como primera residencia.

En un sentido similar a lo anterior iría la reforma a la baja de los coeficientes que determinan la plusvalía a pagar cuando se transmite una vivienda. En el caso de Andalucía estos coeficientes están regulados en la Orden de 18 de julio de 2016 de la Consejería de Hacienda y representan un importante nicho para la actuación pública orientada a favorecer la decisión de fijar la residencia en un pueblo. No obstante lo anterior, a nadie se le escapa que cualquier medida de rebaja fiscal va a motivar la demanda de una compensación de ingresos por parte de la administración que reduce la recaudación por impuestos. En el primer caso (ITP) serán las regiones y en el caso de las plusvalías, los ayuntamientos. Las medidas orientadas a reducir la brecha digital del mundo rural son más recientes que las fiscales pero no menos importantes. El punto clave aquí es la parte del territorio nacional que tiene acceso de telefonía móvil de cuarta generación (4G) que es lo mínimo para poder realizar trámites on line con la administración pública, recibir teleasistencia sanitaria –especialmente demandada por la población mayor e infantil–, teletrabajar o desarrollar una pyme. Por cierto, Andalucía está llamada a convertirse en la vanguardia de la teleasistencia sanitaria si se sabe aprovechar la enmienda a los presupuestos de 2019 introducida por VOX para analizar el «big data» del Servicio Andaluz de Salud. Pues bien, aunque el 91,4% de la población española estaba cubierta en 2015 por el servicio de 4G, la cobertura territorial es muy desigual. Los operadores de red (Movistar, Vodafone y Orange) dirigen sus inversiones con un lógico criterio comercial a las zonas más pobladas. Esto explica que la cobertura 4G en 2015 fuese del 98,8% en la provincia de Madrid pero del 61,2% en Cuenca. En Andalucía, la menor cobertura la presenta la provincia de Huelva (78,7%) y la mayor, Cádiz (93,6%).

Hay un amplio campo para el desarrollo de inversiones orientadas a reducir la brecha digital y más aún cuando se analizan finamente los datos. Por ejemplo, cuando los operadores de telefonía informan de que un municipio tiene cobertura 4G en absoluto significa que todas las zonas del municipio tengan acceso a esa tecnología. Las administraciones públicas tienen un amplio espacio para cooperar con los operadores de telefonía en el desarrollo de infraestructuras allá donde los criterios de rentabilidad empresarial desaconsejan las inversiones. La coyuntura actual en España es especialmente interesante pues por vez primera los tres operadores de telefonía móvil están cerrando acuerdos de compartición de sus infraestructuras o postes de antenas instalados.

Por último, no menos importante y sin posibilidad de ser exhaustivo, el acceso a la fibra óptica merece una mención aparte. En este punto la compañía Reintel del grupo Red Eléctrica de España ofrece importantes oportunidades que pueden ayudar en el freno al despoblamiento de la España interior. Esta empresa gestiona importantes infraestructuras de fibra óptica. Aunque por debajo del volumen de infraestructuras de Movistar, Reintel gestiona, por ejemplo, la fibra óptica de ADIF que está por debajo de su capacidad de uso por lo que podría ser compartida a lo largo del trazado ferroviario español. En definitiva, España debe aprovechar los amplios consensos sobre los que abordar tareas colectivas que nos cohesionen redundando en el bienestar de la ciudadanía. La lucha contra el vaciamiento interior es uno de estos consensos que deben movilizarnos como nación.