Frente bipartito contra la reforma local

La entrada en vigor de la reforma de las administraciones locales desarollada por el Gobierno de Mariano Rajoy ha desatado una oleada de críticas en el PSOE-A y en IULV-CA, que ayer se escenificó en las propuestas de ambas formaciones para crear un frente común contra esta iniciativa del Ejecutivo.

Así, Francisco Conejo, secretario de Política Municipal del PSOE-A, anunció en Jerez de la Frontera que su partido va a iniciar una campaña de movilizaciones permanentes contra esta reforma, pues se trata de «un texto elaborado sin consenso, ya que no hay un sólo sindicato, partido, ni colectivo social en Andalucía que respalde esta propuesta del Gobierno del PP, que pretende acabar con los ayuntamientos». Norma que si no es retirada será «recurrida» ante el Tribunal Constitucional .

Según Conejo, el PP «quiere aprobar una de las reformas más importantes de este país, sobre los ayuntamientos, que son uno de los pilares básicos del Estado de Derecho, sin haber dialogado con las comunidades autónomas, sin los ayuntamientos, sin los sindicatos, sin la Universidad, sin ningún tipo de colectivo, lo que da una muestra del talante del Gobierno de auténtica imposición y por eso desde Andalucía le vamos a seguir pidiendo al ejecutivo que retire inmediatamente ese texto». En este sentido, se opone a esta imposición del Gobierno de España», porque supone «el desmantelamiento de los servicios básicos que prestan los ayuntamientos, su privatización y el despido masivo de empleados públicos en Andalucía».

Temen «despidos masivos»

Por su parte, el coordinador de IULV-CA, Antonio Maíllo, insistió sobre este último y aseguró que tras su puesta en marcha habrá «despidos masivos», por lo que apuesta por la concepción de un presupuesto andaluz «en favor de la mayoría social». En este sentido, señaló que las intenciones de Rajoy atacan a los ayuntamientos, a los ciudadanos y los trabajadores, «sobre todo porque elimina los servcios de proximidad y sociales».

Destacó que se trata de «una norma de carácter básico que confronta con el Estatuto Andaluz y que la Junta tiene que defender por los ayuntamientos andaluces y en defensa de normas como la Ley de Autonomía Local de Andalucía (Laula).

Ante las posiciones de ambos grupos, la vicesecretaria de Organización y Política Municipal del PP-A, Ana María Corredera, rechazó estas declaraciones a las que calificó de «campaña de mentiras e intoxicación». Aseguró que «no se reduce el número de concejales, mantiene las mancomunidades más eficaces y fortalece a las diputaciones provinciales», al convertirlas en «instituciones verdaderamente cooperadoras con los municipios y para asumir su ejercicio cuando el Consistorio no pueda hacerlo».