Funcionarios acusan a la Junta de incumplir recomendaciones de la Cámara de Cuentas

sevilla- El director gerente del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), Antonio González, firma una resolución del 5 de junio por la que se encomienda a la empresa pública Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones SA (Sandetel) la ejecución de los «servicios de oficina de aseguramiento de la calidad y metodología de los sistemas de información» del SAE, debido a una «carencia» histórica de «recursos propios suficientes» para acometer dichas actuaciones, según consta en el texto, accesible en el portal de transparencia de la Junta.

Para la financiación de esas actividades se ha autorizado un presupuesto de 577.490,65 euros, con gastos de gestión e IVA incluidos. Un dinero que se pagará «conforme a la actuación mensual efectivamente realizada, mediante certificaciones mensuales, o en su caso, por tarea realizada, aprobadas por el director del proyecto», previa presentación, entre otras cuestiones, de «las correspondientes facturas y otros documentos acreditativos del gasto efectuado». A ello se suma que los desembolsos generales y corporativos de la empresa instrumental Sandetel «podrán ser imputados al coste de las actuaciones encomendadas, hasta un máximo del 6 por ciento», se asevera en la resolución.

En relación a esta contratación, fuentes del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) advierten a LA RAZÓN de la «inexistencia, a priori, de una justificación» de su necesidad, «como exige la Cámara de Cuentas para las encomiendas en su informe 07/2011»; y de que la «imputación de costes generales de las entidades encomendadas –hasta el 6 por ciento–», es un «gasto innecesario y que se ahorraría» si el encargo fuera «directamente» de «la consejería –el SAE es una agencia que ahora depende del departamento de Empleo, Empresa y Comercio–».

A su juicio, se deberían concretar aspectos como la «insuficiencia de medios humanos y materiales de las consejerías, exponiendo el grado de cobertura de las relaciones de puestos de trabajo (RPT), las particularidades de las plazas que no están previstas en ellas y que deben externalizarse, las infraestructuras necesarias o la justificación de su no disponibilidad».

Entienden que sería conveniente además detallar la «idoneidad de los recursos de las entidades del sector público que pueden ejecutar las tareas encomendadas, en contraste con las posibilidades de aplicar la legislación de contratos del sector público».

Y recuerdan que en el mencionado trabajo de la Cámara se pone de manifiesto que, «como consecuencia de la posibilidad de imputar los gastos generales y corporativos de las entidades que reciben las encomiendas», los trabajos que se ejecutan «le cuesten» a la Junta «los costes reales incurridos en la ejecución» de los mismos, y «un 6 por ciento más como máximo». En el caso analizado de Sandetel, denuncian, la Administración «vuelve a cometer dicho error», al permitir que «se le impute» ese porcentaje de «gastos generales y corporativos» que «se podría haber ahorrado», insisten.

Para el SAF, recurrir a la contratación externa, o ahora a la encomienda, en vez de dotar las plazas de informáticos de las RPT, supone un coste «excesivo e innecesario». Punto en el que las mismas fuentes aluden a otro informe de la Cámara de Cuentas relativo a la «Gestión de los recursos humanos de la Junta de Andalucía: especial referencia al Sistema Sirhus» en el que se avisa de que la «carencia de personal, motivada principalmente por la falta de dotación presupuestaria», había obligado «a la Dirección General de la Función Pública a la contratación externa». El órgano fiscalizador sostuvo que la relación de puestos oficial de la mencionada dirección general estaba cubierta «sólo en un 60 por ciento», una «insuficiente ocupación» de plazas que se hacía especialmente evidente «en los servicios de ‘Administración Sirhus’, donde cinco de los 20 puestos no tenían consignación presupuestaria; y en los de Informática, «con 12 de las 30 plazas», indican desde el SAF.

Añaden que la Cámara de Cuentas «llega aún más lejos» y «hace especial mención al ahorro que la dotación de plazas conllevaría frente al despilfarro de la externalización». De hecho, en aquel expediente revisado entonces se señalaba que «si se contase con los créditos presupuestarios necesarios para cubrir la totalidad» de los empleos del servicio de Informática, «la cifra resultante, que ascendería a 0,45 millones de euros para el ejercicio 2009, sería sensiblemente inferior» al importe del contrato adjudicado el 14 de agosto de 2009 por un global de «4,59 millones de euros» por «un periodo de dos años».

«Irregularidades» en personal

Y hay más. El Sindicato Andaluz de Funcionarios anota que la Cámara de Cuentas también detectó «irregularidades» en el personal de Sandetel. En otro de sus informes, y «en relación a contrataciones que por su cuantía debían haberse ofertado públicamente», se citan casos como el de «seis empleados de Citandalucía y uno de Sandetel» que prestaban sus servicios «de forma permanente en la Consejería de Innovación». «En la muestra de expedientes analizados correspondientes al personal de Sandetel y Citandalucia –se mantiene en aquel texto–, no constaba la documentación correspondiente a la fase de selección», por lo que no se pudo comprobar si el acceso al cargo en la empresa pública se había producido «según los principios de igualdad, mérito y capacidad». En ese sentido, desde el SAF plantean que, aunque según aquel informe «esta irregularidad fue subsanada en expedientes del año 2007», en la actualidad todavía desconocen «cómo entró el personal con anterioridad».