Gómiz suma otra citación del juez como investigada

Encausa también al presidente del Cádiz Club de Fútbol y a su hermana

La ex presidenta de Inversión y Gestión de Capital de Riesgo de Andalucía (Invercaria), ente de la Junta dependiente de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio que protagoniza un proceso judicial, Laura Gómiz, acumula citaciones. El titular del juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, la ha convocado a declarar como investigada a la vuelta del verano, en septiembre.

En esta ocasión el magistrado llama a Gómiz en relación a una ayuda de 300.000 euros que Invercaria habría concedido a la empresa Own Spa Desarrollos SL, según confirmaron ayer LA RAZÓN fuentes del caso que tuvieron acceso al auto de Gutiérrez Casillas. A través de esa resolución, el juez ha citado, también para que presten declaración como investigados, al presidente y consejero de la mencionada sociedad beneficiaria, ex directivo del Sevilla y «actual presidente del Cádiz Club de Fútbol, Manuel Vizcaíno» y a «su hermana María Ángela Vizcaíno». Lista a la que ha sumado a otro ex directivo de Own Spa Desarrollos: Eloy Bernardez.

Estos nuevos movimientos del juez se enmarcan en el ámbito de una pieza de la causa vinculada a la participación con fondos públicos en el capital de la empresa Own Spa Desarrollos en 2008 y otras operaciones posteriores que, según el instructor, podrían ser constitutivos de los presuntos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación. Un bloque en el que, como recuerdan las fuentes judiciales consultadas, «ya está siendo investigado» el antecesor de Gómiz en la Presidencia de Invercaria, Tomás Pérez-Sauquillo, quien ya compareció en el juzgado en abril. Éste, quien estuvo al frente de la empresa pública de capital riesgo entre 2005 y 2010, negó ante el juez que durante ese periodo se produjeran impagos en la ayuda de 300.000 euros otorgada a la empresa presidida por Vizcaíno y creada en 2007. Fue en julio del año siguiente, 2008, cuando Invercaria aprobó la asignación de esos fondos públicos en dos préstamos participativos, si bien la sociedad presuntamente sólo habría amortizado el primer vencimiento de uno de ellos, pese a lo que la Junta no le habría reclamado la devolución del dinero hasta 2013. El juzgado sevillano ha demandado ya al Gobierno autonómico numerosa documentación en el marco de la pieza en la que ahora se ha encausado también a la ex presidenta de Invercaria, a petición del Grupo de blanqueo de capitales de la Policía Nacional. Entre ella se encuentran registros contables, los préstamos asignados a la sociedad sevillana, así como las eventuales amortizaciones y reclamaciones de saldos que se hubieran producido.