Gordillo niega su participación en el asalto al supermercado de Écija

Juan Manuel Sánchez Gordillo declaró ayer que, aunque el 7 de agosto de 2012 estuvo en las inmediaciones de un supermercado Mercadona de Écija (Sevilla), no participó en la retirada de alimentos ideada como forma de protesta por el Sindicato Andaluz de Trabajadores.

Pese a que a las puertas del Alto Tribunal andaluz, con sede en Granada, el aforado había anunciado a los periodistas que iba a acogerse a su derecho a no declarar, finalmente el diputado andaluz sí lo hizo ante el juez instructor Miguel Pasquau.

En cambio, sí se negó a declarar en la otra causa por la que también había sido citado y que investiga la supuesta desviación de fondos municipales del Ayuntamiento de Marinaleda –localidad sevillana de la que es alcalde– para el pago del transporte a particulares para participar en actos del SAT, aunque de manera verbal trasladó al juez que «no se ha quedado con dinero del Ayuntamiento».

Su abogado, José Antonio Salazar, informó de que el parlamentario declaró ante el instructor que estuvo allí, pero que no participó en el acto de entrada en el supermercado y que cuando llegó ya habían sido retirados varios carros de la compra. Eso sí, aseguró que está de acuerdo con la actuación decidida por el SAT como un acto de acción política y de denuncia social, si bien ha apostillado que el sindicato practica la «no violencia» y que fue una acción «sorpresa».

Fuentes del TSJA han precisado que en esta causa se investiga la participación del aforado en la sustracción de alimentos y que, junto a él, hay otras veinte personas imputadas, de las que diecinueve ya han declarado en un Juzgado de Écija y otra continúa en busca y captura.

Antes de asistir a la citación judicial en la Real Chancillería, el parlamentario andaluz había avanzado que se iba a negar a declarar al entender que «ninguno de los casos tiene mucho sentido».

La causa por la supuesta desviación de fondos municipales para el pago a particulares para su participación en actos del SAT partió inicialmente por la denuncia ante la Fiscalía de un edil del PSOE, a la que luego se sumó el colectivo Manos Limpias.

800 imputaciones al SAT

Diego Cañamero, que acompañó a Sánchez Gordillo, enmarcó toda la acción judicial contra el SAT, para el que piden en diferentes procesos un total de 300 años de cárcel y que suma 800 imputaciones, en un intento del Gobierno por acallar la lucha social contra la injusticia y cree que, en definitiva, se persigue además la inhabilitación de Sánchez Gordillo.