Griñán ensalza a las universidades a las que la Junta debe 900 millones

«La Universidad es un servicio público esencial en la transformación de un país, de Andalucía. Debilitarlo se traduce en menor crecimiento, menos desarrollo y menos igualdad. Es importante ponerlo de relieve siempre, y más en estos momentos, cuando la exigencia de austeridad en las cuentas públicas puede poner en riesgo servicios y derechos básicos alcanzados durante décadas de democracia». Son palabras de la intervención del presidente de la Junta, José Antonio Griñán, en la puesta de largo del acuerdo para proteger el sistema universitario público de la comunidad, que forma parte del circuito de dédalo en el que se está convirtiendo el Pacto por Andalucía. Unas frases que fueron pronunciadas en un acto en el que se reconoció que la deuda de la Junta con las universidades podría elevarse a los 900 millones de euros a largo plazo.

El presidente defendió la valía de «un factor estratégico para mejorar la productividad, la competencia de nuestros factores productivos, del capital humano y, por tanto, la competitividad de nuestra economía, una garantía de equidad». «Por todo ello –infirió–, la universidad tiene que ser y va a ser, sin duda, uno de los ejes de la recuperación económica».

A lograrlo contribuirá el que los centros universitarios no queden descapitalizados por los impagos. De hecho, el pacto rubricado ayer contempla transferencias «urgentes» para atender la deuda más prioritaria y a corto plazo de las sedes académicas, ligada a los pagos pendientes con proveedores que en ocasiones apuran los días antes del cierre de sus negocios. Este primer pago se cifraría, según explicó el rector de la Universidad de Córdoba (UCO) y presidente de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA), José Manuel Roldán, con todas las cautelas a las que obligan las circunstancias particulares de cada institución, en 100 millones. Cuantía que tendría que ponerse en circulación antes de octubre de 2013, fecha de arranque del próximo curso.

Un abono que subsana en torno al 10 por ciento de los impagos a las universidades públicas, que a largo plazo alcanza, según estimó Roldán, los mencionados 900 millones de euros.

En ese contexto, algunas universidades como la de Sevilla, aprobaron en sus consejo de gobierno y elevaron otra petición: alumbrar una fórmula concreta para establecer el fraccionamiento de pago en más de los dos plazos vigentes en la actualidad. La respuesta no ha llegado.

Tras la rúbrica en San Telmo, el rector de la Universidad de Sevilla (US), Antonio Ramírez de Arellano, manifestó en un comunicado su confianza en que «el Gobierno de Andalucía se aplicará como corresponde en la urgente tarea a realizar, será todo lo generoso que la situación requiere y no defraudará las expectativas que en él depositamos de manera extraordinaria». Para añadir: «Este rector y la comunidad universitaria de la US así se lo va a demandar».

Griñán, por su parte, ligó universidad a igualdad de oportunidades y llamó a «frenar el disparate» que, a su entender, supone convertir las becas en un premio o una mera «dádiva a estudiantes con buenas calificaciones» sin considerar sus circunstancias.