Griñán resulta elegido senador por solo 55 diputados y sin Susana Díaz

José Antonio Griñán defendió ayer poseer «títulos suficientes» como presidente del PSOE, secretario general del partido en Andalucía y ex presidente de la Junta para «estar en el Senado». Horas después el pleno del Parlamento andaluz así lo designó en representación de la comunidad, como al vicesecretario general del PSOE-A, Mario Jiménez, y a la ex consejera de Educación, Mar Moreno. Si bien, mientras ésta obtuvo 103 votos de apoyo y Jiménez 101, Griñán sólo logró el respaldo de 55 diputados de los 104 que ejercieron su derecho al voto de manera secreta, a través de una papeleta depositada en urna.

La elección del ex presidente de la Junta arañó la confianza en concreto de los parlamentarios de PSOE-A e IULV-CA, que acordó su opción en una reunión previa de su Grupo. Los socialistas tienen 47 diputados y los izquierdistas 12. ¿Por qué no sale la cuenta? Hubo un voto nulo y varias ausencias. En el Grupo Parlamentario del PSOE no estuvo en el plenario la sucesora de Griñán en el Gobierno andaluz, Susana Díaz, quien, según fuentes de su entorno, viajaba a Madrid para ser recibida en audiencia por el Rey Juan Carlos en el Palacio de la Zarzuela. Acto que estaba previsto a las 19:30 horas. Tampoco participaron en la votación los diputados de IULV-CA por Sevilla Marina Segura y Juan Manuel Sánchez Gordillo.

La propuesta de Griñán, Jiménez y Moreno como nuevos senadores se produce tras la renuncia a sus actas en la Cámara Alta del portavoz parlamentario del PSOE, Francisco Álvarez de la Chica, el portavoz en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Espadas, y la diputada por Huelva Antonia Moro. Sus relevos se sumarán a la otra senadora socialista en representación de la región, la ex presidenta del Parlamento Fuensanta Coves.

Esta votación que facilitaba al ex presidente su desembarco en el Senado cobró interés tras el auto de la juez Mercedes Alaya, instructora del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, difundido el día 10, en el que se comunica a Griñán la apertura de un procedimiento en la causa en calidad de teórico imputado, junto al también ex presidente Chaves y a otros cinco ex consejeros aforados. De hecho, provocó la ruptura por parte del PP de una regla no escrita por la que, según Mario Jiménez, los diputados autonómicos secundan la designación de senador de los miembros que proponga cada partido. Llegó a confesar rotundo: «Yo he votado a Javier Arenas».

Si bien, el PP ya habíaanunciado el sentido de su voto e incluso su secretario general, José Luis Sanz, acusó al ex presidente de la Junta de usar la Cámara Alta «como burladero antes de que le pille el toro de la corrupción».

En ese sentido, Griñan mantuvo antes del baile de papeletas que «hablar de aforamiento», como si su incorporación al Senado supiera una novedad, de cara al proceso judicial, le parecía una «mezquindad» porque no moviéndose «absolutamante en nada de mi situación actual –se refería a su entonces condición aún de parlamentario andaluz– este aforamiento está reconocido de hecho en ese auto que parece que ha dictado el juzgado número 6». Texto judicial de Alaya que tildó de «bastante inclasificable desde el punto de vista procesal y bastante insólito desde el terreno de una instrucción sumarial».

Con el simbolismo de dar la rueda de prensa en instalaciones del Parlamento, fuera de las paredes de San Telmo, Griñán valoró un auto que descargó de «la web de un periódico» y por el que aún se siente «confuso» y presa del «estupor». Explicó que tras leerlo se preguntó «¿para qué y por qué?», dado que «se limita a utilizar la palabra imputados con reiteración sin imputar a nadie». «Lo hace de tal manera –apostilló– que desconcierta y permite cualquier tipo de especulación», lamentó.

A su juicio, el escrito judicial «cita a siete personas aforadas, entre ellas a dos ex presidentes de la Junta, y a ninguna ni imputa ni inculpa». Primero, «porque no procede hacerlo, al escapar de sus competencias –de la magistrada–», y segundo «porque no encuentra razones para solicitar una investigación al juez ordinario predeterminado por la ley». El ahora senador se mostró convencido de que «si hubiera indicios o principios de prueba para imputar y no hubiera elevado la causa, la juez habría incurrido en prevaricación». «Algo descartable», se apresuró a añadir, para concluir por un razonamiento lógico, luego «no hay indicio alguno para pedir la imputación», insistió.

¿Qué ve Griñán en el auto? «La oferta para que los mencionados como aforados, para defender nuestros derechos, declaremos voluntariamente y voluntariamente nos autoimputamos».

Más allá del día que se difundió, el de la toma de posesión del nuevo Gobierno de Susana Díaz; el lugar, la sede del PP-A «con un argumentario»; y de que aún no se haya notificado a los afectados, hizo otra crítica gruesa al auto de Alaya. Expuso que menciona el artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento criminal, el 118, por el que «si alguien presenta una querella o una denuncia contra alguien, inmediatamente, el juzgado se lo tiene que notificar para que se defienda». Precisó que existe el 118 bis que aporta que «igual ocurre con los senadores, los diputados y las personas sujetas a aforamiento». «Y la pregunta es –planteó– ¿qué hechos se imputan, dónde está la querella, la denuncia, dónde tengo que declarar, ante quién, cómo y por qué?», enumeró.

«No lo entiendo», admitió, «puede declarar si quiere, de qué». Y tras haber manifestado que «hacer un auto» para «recordar la existencia del artículo 118 bis» le parecía «innecesario», llegó a proclamar: «Tengo que ir a autoimputarme, por Dios».

Una opción que distintos abogados implicados en la causa consultados por LA RAZÓN no le aconsejarían, dado que sería «admitir su implicación». Aunque, según confesó, Griñán aún no tiene letrado ni sabe si recurrirá al no haberle llegado «formalmente» el escrito.

Tras lanzar un mensaje a Alaya –la primera Ley de Subvenciones aprobada en España entró en vigor en febrero de 2004 y no en 2000–, lamentó que se haya colocado a los siete aludidos en «una situación muy difícil al quedar en total indefensión ante la opinión pública por la utilización ruidosa y sin fundamento de la palabra imputados y, sobre todo, por la tergiversación del artículo 118», mencionado. Un parágrafo que se introdujo en 2002 por una reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y que, según las mismas fuentes, apoyó el PSOE.

De vuelta a los interrogantes, Griñán deslizó: «¿Para qué este auto, para preservarnos a los aforados del escándalo mediático o para meternos en él?».