Guerrero busca forzar a la Junta a dar explicaciones sobre el ERE de Egmasa

El ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero defendió hace nueve días la legalidad del expediente de regulación de empleo (ERE) que llevó a cabo en 2003 la empresa pública Egmasa–actual Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía–, que afectó a 373 trabajadores y costó al Gobierno autonómico 21,6 millones de euros. Lo hizo ante la titular del juzgado de Instrucción número 6, María Núñez Bolaños, quien lo acusa en esa pieza separada de la «macrocausa» global de los ERE, de dos presuntos delitos: uno de prevaricación y otro de malversación de caudales públicos. Ahora el ex alto cargo de la Administración regional ha dado un paso más, aprovechando que las palabras a veces se registran.

Su abogado, Fernando de Pablo, ha presentado un escrito en el juzgado en el que pide a la instructora que la Junta dé explicaciones. En el documento, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, se inserta un teletipo que recoge declaraciones del portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel Vázquez, pronunciadas en agosto de 2014, en las que aseveró que el ERE de Egmasa «no se debió, ni mucho menos, a ningún tipo de circunstancia económica», sino a razones de carácter social, ya que con él se intentó buscar una solución a «un grupo de trabajadores mayores de 61 años» que operaban como bomberos forestales «en especiales condiciones de peligrosidad y fatigosidad». Vázquez sostuvo también entonces que «fue una medida excepcional pero perfectamente justificada», al pretender dar una salida al mencionado grupo de empleados. Y añadió, según se recoge en la información aportada al juzgado, que las subvenciones a «entidades del sector público», entre las que se incluye Egmasa, «nunca» se «someten al principio de concurrencia». No queda ahí lo rescatado de la memoria fija de la hemeroteca. El socialista explicó además a los periodistas que, en concreto la actual agencia de medio ambiente, estaba sometida a «un control financiero permanente», por lo que el Ejecutivo andaluz «conocía perfectamente el estado de las cuentas» de una sociedad que «aportó su parte correspondiente» al expediente de regulación de empleo que ahora escudriña la Justicia y por el que hay, de momento, 17 investigados.

Guerrero quiere que la Junta, acusación particular en el proceso, «aclare» lo transmitido por su portavoz y saber si «confirma o no» que la ayuda que se le otorgó a Egmasa fue «completamente ajustada a derecho». Para De Pablo, parece claro que nadie «puede extrañarse de nada» de lo que se hizo en torno a una empresa de la que «al parecer se conocía todo».