Guerrero insiste desde la cárcel en exigir su reincorporación a la Junta

El ex director general de Trabajo de la Junta, Francisco Javier Guerrero, fue enviado a prisión por segunda vez el 20 de marzo por la juez que instruye los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, Mercedes Alaya.

El ex director general de Trabajo de la Junta, Francisco Javier Guerrero, fue enviado a prisión por segunda vez el 20 de marzo por la juez que instruye los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, Mercedes Alaya, en el marco de la «Operación Heracles» del Grupo de Delitos Económicos de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, pero no se da por vencido.

El ex alto cargo andaluz pidió su reingreso en la Junta y su reincorporación en la ahora mirada con lupa judicial Consejería de Empleo. Empeño en el que no ha cejado. De hecho, según ha podido saber LA RAZÓN, ayer se celebró la vista en torno a este asunto y su representación legal se reiteró en que «no existen motivos» para la suspensión del regreso al cuerpo de funcionarios de la Administración autonómica. Y ello, pese a que la letrada del Gobierno andaluz se opuso, alegando, entre otras cuestiones, la vorágine penal que protagoniza el creador de la etiqueta «fondo de reptiles» que tanto juego mediático y político ha proporcionado.

Cabe recordar que Guerrero declaró a la Policía, en su primera ronda de interrogatorios, ser «funcionario del INEM desde los 20 años». De hecho, dirigió una oficina de empleo en la sierra norte sevillana antes de llegar a ser alcalde de El Pedroso entre 1995 y 1999 y ascender luego hasta director general de Trabajo. Una ubicación esta última que lo ha convertido en pieza clave de la investigación que dirige el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. La instructora lo acusa, en concreto, de un delito continuado de malversación, prevaricación, cohecho y de asociación ilícita.

Con todo, en octubre de 2011 Guerrero solicitó la vuelta a su puesto en Empleo, a través de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública de la Consejería de Hacienda que dirige Carmen Martínez Aguayo. Optó entonces por «ejercer el derecho de reincorporación» que le asistía, dado que el 1 de noviembre de ese año expiraba la excedencia que, como funcionario ligado al ya Servicio Andaluz de Empleo (SAE), había pedido en 2009. Si bien, la Junta decidió su suspensión provisional de funciones, de manera simultánea a su regreso al servicio activo, al entender que, aún teniendo derecho al retorno, la naturaleza de los delitos de los que Alaya acusa al ex director general justificaba la medida. El Gobierno andaluz se agarró al Estatuto Básico del Empleado Público que dispone que podrá acordarse la suspensión de funciones de forma provisional con ocasión de la tramitación de un procedimiento en los tribunales, incluso si un órgano judicial no lo hubiera determinado así.

Si embargo, su abogado entonces, Fernado de Pablo, contraatacó con el trato «desigual» a Guerrero con respecto a otro de los imputados en la causa de los ERE: el ex director de Trabajo, Daniel Alberto Rivera. La instructora llegó a imputar a éste un delito más que a su antecesor, pero el Ejecutivo autonómico sí admitió, tras otra excendencia, su regreso a la plantilla de la Empresa Pública Hospital de Poniente, en Almería, a la que pertenecía desde 1997. Argumento que se repitió en la vista de ayer. Guerrero no descarta interponer una anunciada querella por prevaricación a la consejera de Hacienda o a quien corresponsa si no se le readmite.