ERE

Guerrero: «No llevé de la mano a nadie de los ERE»

El ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero
El ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrerolarazon

Uno de los encausados en la pieza política del «caso ERE», el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, quiere parar una pelota rodada desde la declaración en el juicio del responsable del grupo de delincuencia económica de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Del interrogatorio de éste, quien acudió a la Audiencia de Sevilla en calidad de testigo, ha trascendido que la aseguradora Vitalia entró en el sistema de reparto de ayudas que ahora se enjuicia «de la mano» de Guerrero, pero el aludido asevera a LA RAZÓN que «esto no fue así». Mantiene que la mediadora «estaba ya en Cárnicas Molina –una de las empresas beneficiarias de los fondos sociolaborales de la Junta ya a finales de la década de los 90–» cuando él llegó a su cargo, aunque admite que «le tocó terminar de negociar ese expediente». «Me encontré a la aseguradora, ya estaba allí», insiste, como recalca que él «no llevó de la mano a Antonio Albarracín –uno de los ex directivos de la intermediaria investigado también en otros bloques de la 'macrocausa'– ni a nadie» de los ERE.

El mencionado agente no es un desconocido para Guerrero. Fue quien le entregó en mano en su domicilio sevillano «de forma muy educada» la primera citación para ir a declarar a la que tuvo que hacer frente en el ámbito del «macroproceso». A aquélla le sucedieron luego unas cuantas. El ex director general niega que el comandante lo detuviera en «su casa», como se publicó en su día. Lo que sí hizo fue advertirle de que había un periodista en la puerta, a lo que el ex alto cargo replicó que «alguien lo habría avisado». El mismo responsable de la UCO fue el que indicó que no le pusieran las esposas cuando la instructora originaria del caso, la jueza Mercedes Alaya, decretó en marzo de 2012 el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de Guerrero, por un abanico de hasta seis presuntos delitos. La decisión de la magistrada hizo que permaneciera privado de libertad en Sevilla I hasta el 22 de octubre de aquel año, cuando la abandonó tras pagar 50.000 euros de fianza. En 2013 volvió a la cárcel, para salir sin tener que abonar nada más.