Imputan a Lanzas 24 intrusos, entre ellos cuatro esposas de sindicalistas

La juez que investiga los ERE fraudulentos acusa al ex sindicalista Juan Lanzas, encarcelado el viernes, de haber incluido como intrusos a 24 personas que nunca trabajaron en las empresas, entre ellas las esposas de cuatro sindicalistas con los que negociaba, su propia mujer y dos cuñados.

En el auto de prisión contra Lanzas, al que ha tenido acceso Efe, la juez Mercedes Alaya le imputa haber incluido en los ERE que negociaba a tres personas por vinculaciones políticas, además de a la suegra de Francisco Javier Guerrero, a la madre de su chófer y otras irregularidades como haber pagado 6.000 euros tras pedir a su destinatario que presentara «el paripé de un trabajo».

Además se incluyó a sí mismo y a su esposa en el ERE de Hitemasa, a dos vecinos suyos en Albánchez de Mágina (Jaén) en otros tantos expedientes y a Antonio Garrido Santoyo, ex dirigente del PSOE de Baeza (Jaén), lo incluyó en Mercasevilla «por afinidad política».

Lanzas pudo obtener casi 600.000 euros al incluirse a sí mismo y a su esposa en el ERE de Hitemasa y a sus cuñados Angeles Sierra y Carmelo Cruz en el de Dhul, afirma el auto.

En total, Alaya le imputa haber conseguido casi 13 millones de euros, que en su mayor parte se quedaba aunque en ocasiones «distribuía entre otros intervinientes en el proceso, cargos públicos incluidos».

El auto afirma que Lanzas incluyó como «intrusas» en Hitemasa a las esposas de Javier García de los Reyes y Rafael Mesa, ambos de la UGT y con los que el imputado había coincidido en el expediente de Hijos de Andrés Molina, lo que permitió a cada una cobrar 96.000 euros, cantidad «muy superior a la consignada en el certificado».

En el convenio de Dhul entró como «intrusa» la esposa de Damián Jiménez, de CCOO, con el que Lanzas había coincidido en las negociaciones de Coosur, y en el de Surcolor entraron Manuel López, esposo de una concejal del PSOE en Camas (Sevilla) y José Antonio Márquez, concuñado del exdelegado de Trabajo en Sevilla Antonio Rivas, dice Alaya.

Otros intrusos fueron Juana Pilar Viedma, administradora de la empresa Técnica Agrícola Ecológica, y la compañera de su padre, en este caso «como agradecimiento» por haber hecho «contratos simulados» a una parte de los trabajadores del Matadero de Fuente Obejuna que no podían acceder al Convenio Especial con la Seguridad Social.