¿Invocando a Stalin Delano Roosevelt en San Telmo?

“Pocas recetas contra la prosperidad de una Nación resultan más nocivas que abrazar el consenso del igualitarismo frente a la meritocracia”

Lo seguimos fiando casi todo al Estado. Sus administradores ocasionales, los representantes políticos elegidos, sabedores de este demandado paternalismo casi carnal, exhiben el músculo presupuestario como quien nos ofrece un mullido colchón donde recostarnos desde la cuna a la tumba. Sin ir más lejos, se acaba de echar a rodar el proyecto de presupuestos de la Junta de Andalucía para 2020 y en el frontispicio de la nota de prensa con el primer avance destacan sus hacedores que ha crecido un 5,6 por ciento respecto a los que se aprobaron apenas hace unos meses para 2019. La lectura es, si el presupuesto es mayor, todos estaréis un poco mejor.

Poco hay de lo que sorprenderse si se atiende a lo que nos dice el servicio de estudios del BBVA. Los españoles no sólo compartimos con franceses, alemanes, italianos y británicos el apego a las prestaciones del Estado del Bienestar sino que vamos mucho más lejos de las preferencias paternalistas de estos otros países europeos. Para ser exactos, el Estudio Europeo de Valores de la Fundación BBVA revela que la mayoría de los españoles piensa que Estado debe ir más allá de las prestaciones del Estado del Bienestar hasta entrar de lleno en la limitación de mecanismos de mercado como fijación de precios, salarios y beneficios empresariales. En esto discrepamos de los otros cuatro países analizados poco partidarios de la injerencia estatal en la fijación de precios. Aún hay más. Frente al 29 por ciento de franceses, alemanes, italianos y británicos que opinan de otra forma, el 49 por ciento de nuestros compatriotas abogan por la igualdad de los ingresos con independencia de la cualificación de cada cual. Pocas recetas contra la prosperidad de una Nación resultan más nocivas que abrazar el consenso del igualitarismo frente a la meritocracia, pero eso es lo que hay. Sí es cierto, en cambio, que en este miedo a la desigualdad que nos hace golpear una y otra vez las puertas del asistencialismo estatal (desigualdad ahora mayor que antes de la crisis de 2008, conviene recordarlo) puede haber un deseo de acciones predistributivas y no sólo de las convencionales redistribuitivas. Esta interesante reflexión se la oí a Manuel A. Hidalgo, ahora secretario de Economía de la Junta de Andalucía, pero –sobre todo– un académico honesto con una inusual visión de futuro. Las acciones predistribuitivas están orientadas a compensar las diversidades de cuna de unos y otros de forma que el asistencialismo lo sea en forma de acompañamiento a quien más lo necesita en un desarrollo vital que, a diferencia del asistencialismo aletargador, debe estar guiado por el esfuerzo y el afán de superación. Una beca escolar es una acción predistribuitiva. Las universidades laborales –ahora extirpadas de la memoria colectiva– también lo fueron.

El mundo tardó casi dos siglos y medio desde la primera revolución industrial hasta el crack de Octubre de 1929 para definir un contrato social en forma de «sistema capitalista de bienestar». No son pocos –entre ellos mi respetado y amigo el profesor Juan Torres– quienes encuentran el trenzado de los flecos últimos de este contrato en el Nuevo Acuerdo («New Deal») del presidente Franklin Delano Roosevelt a partir de 1933. Sin duda fue el «New Deal» un programa criticado en extremo por los partidarios del liberalismo económico hasta el punto de señalar al propio Roosevelt como un ariete comunista bautizándolo con el sobre nombre de Stalin Delano Roosevelt. Friedrich A. von Hayek lo criticó severamente en Camino de servidumbre pero la historia no dio la razón al economista austríaco en un libro de incuestionable influencia cuyo objetivo no era arremeter contra el presidente estadounidense sino demostrar –también equivocadamente– que el fascismo imperante en la Europa de su tiempo no era una reacción del capitalismo frente al comunismo sino una variante del mismo. George Sorel demostró que no era así. También lo hizo precisamente un crítico con el Contrato social de Rousseau, José Antonio Primo de Rivera. Sorel y el fundador de la Falange poco antes de su asesinato en 1936 advirtieron que la negación de la dimensión espiritual de la persona era la que hacía de la respuesta socialista a las marcadas desigualdades sociales algo incompleto y equivocado. No obstante, en justicia, ni Adam Smith ni mucho después Hayek negaron un espacio propio al Estado en mitad de la economía de mercado, sólo lecturas epidérmicas y prejuiciadas de sus obras puedes despachar semejantes conclusiones.

Lo cierto es que demoscópicamente el liberalismo económico tiene un estrecho espacio en las preferencias europeas. Mucho menos en las de los españoles. Contó el ex asesor del PSOE y economista José Carlos Díaz en Hay vida después de la crisis una jugosa anécdota del premio nobel de Economía Robert Lucas quien en 2010, con la crisis ya desbocada pero firme en su convicción de que la cantidad de dinero era neutral en el funcionamiento de la economía, reconoció que «los economistas hemos aprendido en esta crisis que no se puede minusvalorar la importancia de tener un prestador de última instancia». El prestador de última instancia, el que abría la billetera cuando todos la cerraron, eran los bancos centrales, en definitiva, los estados.

La cuestión que no pocos se platean es si está agotado el contrato social posterior a la revolución industrial que engrasa las fricciones sociales con los sistemas de protección pública para que no deriven en revueltas, en definitiva si capitalismo de bienestar debe dejar paso a un nuevo contrato social tras la crisis de 2008 y a las puertas de –quizás– una nueva. Un contrato que, por ejemplo, afronte una distribución demográfica diferente en el Planeta, unas potencias económicas también diferentes, una clase media más estrecha y la constatación de la globalización y liberalización de los mercados no condujo inequívocamente al aumento generalizado y equilibrado del bienestar mundial. El catedrático de Economía Española de la Universidad de Barcelona, Antonio Garrido, define el nuevo contrato social post crisis de 2008 como aquel en el que los ciudadanos hemos aceptado evitar con dinero público e impuestos la caída del sistema financiero a cambio de que éste acepte un marco regulatorio orientado a evitar próximas crisis y a que, en caso de producirse, sean financiadas con dinero privado (de los propios bancos, de sus accionistas y de los depositantes por encima del nivel de ahorro protegido por el fondo de garantía de depósitos). Naturalmente Garrido no limita al arreglo bancario el nuevo contrato social que sustituya al actual que tardó en forjarse casi dos siglos y medio. Pero sí parece que la sociedad ha acentuado su miedo a la libertad, a la libertad del mercado global y reclama un mullido colchón sobre la máxima de que los ciudadanos pensamos que el dinero público es gratis y los políticos están convencidos de que es suyo. Ya ven, ahora nos «regalan» un 5,6 por ciento más en Andalucía. Las promesas de reducir el tamaño de los entes poco útiles se han diluido y la promesa de bajar los impuestos se aplazó. Los gobernantes conocen bien el terreno que pisan, las preferencias de quienes votan el contrato social. La sociedad ha vuelto a depositar en los estados una capacidad protectora superior a la que cada cual podría construirse en una economía de mercado poco intervenida. Es por esto que los liberales más convencidos denuncian el consenso socialdemócrata que no es más que un concepto menos mordaz que en que en su momento supuso apodar a Roosevelt con el apellido de Joseph Stalin advirtiendo de un camino a la servidumbre totalitaria. Un camino que no resultó serlo. Gobierne el centro derecha o lo haga el centro izquierda, el presupuesto sólo puede hacer una cosa; crecer salvo que entremos en un nuevo colapso.

* José Manuel Cansino es catedrático de la Universidad de Sevilla y profesor de la Universidad Autónoma de Chile