IU aprieta a su socio en la Junta para no almacenar gas en Doñana

Izquierda Unida de Andalucía inició ayer un proceso de movilización para frenar el proyecto de almacenamiento de gas en el Espacio Natural de Doñana.

Izquierda Unida de Andalucía inició ayer un proceso de movilización para frenar el proyecto de almacenamiento de gas en el Espacio Natural de Doñana, que deriva del visto bueno que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha dado a la compañía Petroleum Oil Gas-España.

El portavoz de IULV-CA en el Parlamento de Andalucía, José Antonio Castro, indicó que desde su Grupo se ha remitido una carta al consejero de Medio Ambiente, Luis Planas, por la que se le solicita una reunión «a la mayor urgencia posible» a fin de conocer toda la información de la que la Consejería dispone y saber también la opinión y posición de ésta en relación al proyecto.

José Luis Centella, diputado de IU en el Congreso, también ha solicitado en el registro de la cámara la comparecencia urgente del ministro Miguel Arias Cañete para que explique las razones por las que el Ministerio que dirige haya dado el visto bueno al proyecto.

Igualmente IU ha comenzado una ronda de contactos con organizaciones ecologistas para conocer sus posturas sobre el asunto y emprender conjuntamente las acciones pertinentes para la derogación del proyecto a través de la movilización.

Desde la Junta de Andalucía, el vicepresidente Diego Valderas, coordinador de la coalición de izquierdas, señaló que el Gobierno andaluz tiene que mostrar una profunda preocupación por el mismo y no solo tiene que velar por que se cumplan todas las medidas, sino que tiene que «ir más allá y en un determinado momento fijar posiciones en defensa del patrimonio natural de Doñana».

Por su parte, el consejero de Medio Ambiente Luis Planas descargó la responsabilidad del proyecto en el Gobierno de la Nación, ya que es el Ministerio de Industria que es el competente en materia de hidrocarburos».

Planas admitió que la Administración andaluza «ha sido consultada», ante lo que la Consejería de Medio Ambiente trasladó «determinados informes que daban indicaciones precisas desde el punto de vista jurídica de protección medioambiental», como informó ayer este periódico.