José Luis Sanz se persona en la causa por las contrataciones a Guerra 21

El Juzgado de Instrucción número ocho de Sevilla ha aceptado la solicitud del alcalde de Tomares y senador por dicha provincia, José Luis Sanz (PP), para figurar como parte personada en las diligencias relativas a las adjudicaciones del Ayuntamiento de dicho municipio aljarafeño a la sociedad Guerra 21 y otras empresas ligadas a ella, según una providencia emitida el pasado 17 de octubre y recogida por Europa Press.

En la citada providencia, así, la juez instructora accede a la petición cursada el pasado mes de agosto por la representación legal de José Luis Sanz, que en un escrito elevado al Juzgado señalaba el informe emitido por la Fiscalía el pasado 14 de julio, respecto a la mencionada investigación judicial.

En dicho escrito del pasado mes de agosto, recogido por Europa Press, la representación de José Luis Sanz expone que en su informe, la Fiscalía “hace constar que” sobre el alcalde de Tomares y senador por Sevilla “pesan indicios de haber cometido presuntamente un ilícito penal en distintas contrataciones (...) junto con otros investigados entre los que figuran otros miembros de la Corporación municipal, personas éstas a las que se habría comunicado en su día la condición de investigado”.

En ese sentido, la representación del alcalde señala “la gravedad de las afirmaciones recogidas en el informe” de la Fiscalía, considerando que procede “la personación” de Sanz en las diligencias judiciales, “a fin de conocer si tiene la condición de investigado”, toda vez que el primer edil de Tomares goza de aforamiento a cuenta de su acta como senador.

Así, en este escrito cuyas peticiones han sido aceptadas, la representación de José Luis Sanz solicitaba su personación en la causa, para que el propio juzgado informe si el mismo “tiene la condición de investigado” en las diligencias incoadas.

Eso sí, la representación legal de Sanz se reserva “el derecho a instar la nulidad de las actuaciones si se constata una vulneración del legítimo derecho de defensa, teniendo en cuenta que las diligencias fueron incoadas hace más de tres años, sin haber tenido intervención alguna en ellas, además de cuestionarse la competencia del juzgado en el caso de que se le considere como investigado, debido a su condición de aforado”.

Estas diligencias judiciales concretas se encuadran en el testimonio deducido por el Juzgado de Instrucción número ocho, respecto a la investigación inicial de las retribuciones del Ayuntamiento de Tomares al popular Juan Campos, por unos breves informes cuando aún no formaba parte del Gobierno municipal.

Aquella investigación inicial, que incluyó a varios miembros del Gobierno municipal del PP, fue archivada por la juez instructora a comienzos de agosto, toda vez que ya en 2015, el Tribunal Supremo archivó las actuaciones respecto a José Luis Sanz al no apreciar delito alguno por parte del alcalde tomareño en los hechos indagados.

Pero durante la instrucción de dichas diligencias, la juez había deducido testimonio e incoado una nueva causa, con relación a las contrataciones del Ayuntamiento de Tomares en favor de la empresa Guerra 21, al atisbar un posible delito.

Estas nuevas diligencias, separadas de la causa inicial y en las que se encuadra la reciente providencia de la juez, se centran en la presunta creación de “un entramado empresarial desde 2007 hasta 2014”, para que ciertas empresas supuestamente ligadas a Américo García, José Candón y María del Carmen Guerra fuesen las “únicas adjudicatarias” de “determinados contratos de servicios del Ayuntamiento, contando para ello con la colaboración de personas pertenecientes al Consistorio, a sabiendas todos ellos de que en las adjudicaciones se iba a prescindir total y absolutamente del procedimiento legal o a desvirtuarlo en algún caso, fingiendo una concurrencia puramente virtual”.

Tal es la tesis expuesta por la Fiscalía en su escrito del pasado 14 de julio, según el cual “las resoluciones o contratos, cuando los hubo, eran objetivamente contrarias a derecho, sobre todo por eludir groseramente todo procedimiento legal, realizando adjudicaciones directas donde la Ley no lo permite, aunque también por fraccionar contratos por importes inferiores, pretendiendo evitar el procedimiento adecuado en función de la cuantía originaria, vulnerando la Ley de Contratos del Estado o incluso fingiendo una concurrencia que no es tal”.

El Ministerio Público, en ese sentido, apreciaba en los hechos un posible delito continuado de prevaricación administrativa, toda vez que en las diligencias están investigados el concejal de Presidencia, Eloy Carmona; el otrora edil responsable de Hacienda y actual delegado municipal de Juventud, Deportes y Comercio, José María Soriano; el actual concejal de Hacienda, Miguel García de la Rosa, las entonces concejales del PP Mercedes Fuentes y Pilar Domínguez; el vicesecretario interventor del Ayuntamiento de Tomares, el concejal andalucista Alberto Mercado, quien cogobernó con el PP en el mandato 2007/2011, y los administradores de la sociedad Guerra 21.

También habría declarado como investigada la exalcaldesa socialista de Tomares Antonia Hierro, toda vez que la Fiscalía señala en su escrito, en el que pormenoriza quiénes firmaron cada uno de los contratos o resoluciones indagadas, que “un investigado que es aforado”, en relación a José Luis Sanz y su condición de senador. Dados los “indicios que pesan” sobre Sanz, al que la Fiscalía atribuye la adjudicación de contratos o prórrogas de los mismos sin expediente previo ni “antecedentes administrativos”, el Ministerio Público exponía que “debe procederse” conforme a lo reglamentado para este tipo de casos.