Construcción

José María García Urbano: «El decreto del litoral paralizará el desarrollo andaluz»

«El proyecto que tutela la Casa Real Saudí ya había depositado seis millones de euros en el Ayuntamiento»

«El capítulo de personal en el ayuntamiento llegó a suponer el 105 por ciento del presupuesto»
«El capítulo de personal en el ayuntamiento llegó a suponer el 105 por ciento del presupuesto»larazon

Aparcó hace año y medio su dilatada trayectoria como notario y registrador de la propiedad para embarcarse en una aventura, la política, de la que dice tiene igual denominador común que su formación académica: el servicio público. En el año y medio que lleva al frente de la Alcaldía de Estepona, reconoce haber adoptado decisiones difíciles pero bajo el convencimiento de que contribuirán a hacer una ciudad mejor.

–¿Qué balance hace de 2012?

–Ha sido un año intenso, en el que debíamos culminar el proceso que iniciamos en mayo de 2011 tras tomar las riendas del Ayuntamiento, y que no tenía otro objetivo que poner orden en la prestación de servicios y garantizar austeridad en el gasto. A día de hoy los servicios que tutela el Consistorio se prestan con total normalidad. Por primera vez los proveedores están cobrando en tiempo y forma. Y lo que es más importante aún, ha dejado de engordar la deuda, como venía ocurriendo tradicionalmente, año tras año.

–¿Cuál es la situación de las arcas municipales?

–Existe una deuda de trescientos millones de euros heredada de anteriores gobiernos socialistas. El débito está estabilizado, va ligeramente a menos, pero costará varias décadas pagarlo porque el ritmo de amortización es muy lento. Sin embargo la situación económica actual es de equilibrio completo, con un presupuesto real que no plantea lo que querríamos tener sino la certeza de que vamos a cumplir lo planteado. Y todo ello pese a dificultades como no poder contar con las transferencias que derivan de la participación de ingresos del Estado, ya que está afectada a esa deuda histórica y no recibimos un solo euro. Y lo mismo ocurrirá a corto o medio plazo con las transferencias que habremos de percibir del gobierno andaluz y que vamos a dejar de recibir porque mi predecesor en el cargo –el actual portavoz socialista, David Valadez– gastó demasiados millones de euros en subvenciones que fueron desviadas a otros fines a los preestablecidos. Ahora, ante la imposibilidad de justificar el destino final que tuvieron, tenemos que reintegrarlas con intereses. Pero, pese a todo, tenemos capacidad para salir adelante y poder afrontar el futuro con los ingresos corrientes con los que cubrimos los gastos sin subir los impuestos. Incluso bajaremos un ocho por ciento el IBI el año próximo, sin necesidad de pedir préstamos.

–¿Ha «sobrevivido» el Ayuntamiento al ERE que afectó meses atrás a 176 trabajadores?

–Los servicios se prestan como le digo con normalidad, a pesar de que la plantilla se ha reducido. El ERE es lo último que me hubiera gustado hacer como alcalde pero no quedó más remedio que aplicar el plan de ajuste que aprobó el Gobierno para atender el pago de deudas anteriores. Un documento que imponía una reducción de capítulo de personal que en este ayuntamiento llegó a suponer el 105 por ciento del presupuesto. Hubiéramos preferido una bajada del sueldo como planteó el equipo de gobierno del PP pero no hubo acuerdo y finalmente hubo que materializar el ERE.

–¿Cuáles son los objetivos de este año?

–Va a ser el año de la recuperación. Una vez hechos los deberes de poner en orden las cuentas y servicios, ha de llegar esa recuperación económica. La iniciativa privada tiene que implicarse pero no es menos importante que el Ayuntamiento lo haga. Y para ello, dispondrá de un remanente de 10 millones para invertirlo en equipamientos y en acciones como un ambicioso plan de embellecimiento del casco histórico de la ciudad, que aumentará si cabe sus atractivos turísticos.

–Lo que parece que no lo hará, a su juicio, es el decreto para la protección del litoral aprobado recientemente por la Junta de Andalucía. ¿Qué opina de esa normativa?

–En primer lugar, lamento que por más que el Partido Popular y los ayuntamientos han insistido en que se paralice la entrada en vigor de la norma, no ha habido la más mínima voluntad de diálogo; no se ha querido tramitar como Proyecto de Ley sino que ha aplicado la técnica jurídica de Decreto Ley que es para situaciones extraordinarias de urgencia, cuestiones o razones económicas y sociales graves. Pero si hemos esperado ocho años la LOUA podíamos haber esperado un mes más o dos, después de haber dialogado. Y las consecuencias van a ser muy negativas, especialmente para el sector de la construcción. En Estepona, tenemos sobre la mesa proyectos como el que tutela la Casa Real Saudí que ya había depositado seis millones de euros en el Ayuntamiento, y doce en una entidad bancaria para empezar las obras. Pero, con esta decisión, se han frustrado las expectativas de inversores, administración y empresa locales que se hubieran involucrado en el proyecto al igual que en otras tantas iniciativas.

–¿Cree que la actitud del bipartito ha sido irresponsable?

–Sí. Pero no es tarde de todas formas y pese a que el decreto está en vigor, me gustaría pedir a la Junta de Andalucía generosidad política y personal. Que dé un paso atrás, y que pacte con los actores implicados los retoques necesarios a la norma, porque va a paralizar el desarrollo de la Costa del Sol y el litoral andaluz en definitiva y retrasará la tan necesaria recuperación.

–¿A qué intereses atribuye su aprobación si considera que va en contra de los generales?

–En estos más de treinta años de socialismo en Andalucía casi nada, por no decir nada, es por casualidad. De manera que tal vez se ha redactado porque el gobierno andaluz estaba detectando que la consolidación de los gobiernos del PP en el litoral va a ser una realidad duradera.

–¿Cómo calificaría en líneas generales el año y medio de gobierno andaluz?

–Muy negativo. Lo único que vemos son recortes para los ciudadanos: problemas en los colegios, en los hospitales, fin de ayudas a las escuelas taller. Y una permanente política de confrontación con el Gobierno central. Pero pese a la pretensión, no engañan a nadie. Sanidad, educación y todas aquellas materias que se están viendo afectadas son competencia exclusiva del Ejecutivo autonómico.