Justicia de pesadilla

Justicia de pesadilla

Puestos en lo peor, y ejerciendo de abogado del póquer de demonios que allanó su morada en plena madrugada, ese maledicente con toga, asumamos como cierto que el policía local de Sevilla Casimiro Villegas trapicheaba con estupefacientes en sus ratos libres. ¿Y? Con esa acusación, a la que no aportan el menor indicio probatorio ni hacen gala de una mínima coherencia en su narración, justifican sus (presuntas) víctimas la legitimidad de entrar en su casa mientras dormía en compañía de su esposa con el propósito, que resultó satisfecho, de propinarle una tunda. Se zafó el hombre de la golpiza, empuñó su arma y la emprendió a tiros con los asaltantes; ninguno de los cuales, por cierto, habita hoy el patio de los calladitos, sino que comparecen todos bien lozanos en la sala de vistas. ¿Qué importa, en el fondo, que su perseguidor sea honrado agente del orden o avieso narcotraficante? Serían delitos, de existir, que habrían de ser juzgados en otra causa. España no son los Estados Unidos, claro que no, pero tampoco puede restringirse el derecho a la legítima defensa al punto que lo hace el Ministerio Público, que pide veinte años de prisión para el guardia, hoy jubilado y enfermo a causa del shock postraumático. ¡Veinte años! Lo mismo que le cayó al hideputa de Carcaño o más del doble de lo que penarán los rijosos de La Manada, por mencionar dos casos paradigmáticos. He aquí una evidente lesión del principio de proporcionalidad. Con actuaciones así, se quiebra la confianza del ciudadano en la Justicia, una dama a la que, además de ciega, habrá que comenzar a presentar como sorda y tonta. O acaso transita por laberintos tan intrincados que sólo los brujos del Derecho son capaces de desbrozar y entonces aumentaría la desazón que produce el verse atrapado entre las garras de un lobby.