La amenaza expropiatoria de la Junta se centra en las capitales y sus alrededores

Conferencia de la consejera Elena Cortes presentada por Diego Valderas
Conferencia de la consejera Elena Cortes presentada por Diego Valderas

El PP-A critica un decreto para ayudar «sólo a 200 familias» cuando la Consejería de Vivienda dispone de 638 VPO libres para su alquiler

El BOJA recogió ayer la orden por la que se aprueba el Plan Extraordinario de Inspección de Viviendas 2013-2014, continuando con el desarrollo del decreto de función pública de la vivienda, en vigor desde el 12 de abril, por el que se permite la expropiación de inmuebles vacíos a bancos y promotores. Según el último censo del Instituto Nacional de Estadística, hay 650.000 viviendas desocupados en Andalucía. En primer lugar, se actuará con los registros municipales de VPO para delimitar las áreas de intervención más urgentes; o lo que es lo mismo, grandes capitales y áreas metropolitanas. La actuación simultánea no es viable desde el punto de vista operacional, según la Consejería. Se trata de «la primera herramienta autonómica para perseguir eficazmente las viviendas vacías», dice la Administración. El presidente del PP-A, Juan Ignacio Zoido, criticó a la Junta por hacer un decreto para ayudar «sólo a 200 familias» mientras dispone de 638 VPO vacías en alquiler.

La orden atribuye a la Consejería «la competencia de inspección en materia de vivienda, correspondiendo la coordinación, desarrollo y ejercicio» a la Dirección General de Vivienda. Asimismo, se añade al decreto el «nuevo Título VI» que se denomina «De los instrumentos administrativos para evitar la existencia de viviendas deshabitadas», regulando dicho concepto, el procedimiento para su declaración y las consecuencias. «La inspección planificará su actuación según objetivos generales o particulares, en atención a su ámbito competencial material y territorial», recoge la orden. «Dada la naturaleza extraordinaria y urgente de las medidas contenidas en el Decreto Ley», se establece que en un mes desde la entrada en vigor de la norma se deben aprobar las medidas «de orden prioritario» que contribuyan a «mitigar» los efectos «perjudiciales que la no habitación de las viviendas producen en el derecho al acceso a la vivienda».

La norma modifica también la Ley 8/1997, atribuyendo a la Consejería «las funciones de inspección del depósito de fianzas».

En el BOJA se recoge que el Plan Extraordinario de Inspección «tendrá una vigencia inicial de un año» y «acometerá de forma prioritaria aquellas actuaciones más urgentes destinadas a dar cumplimiento a la función social de la vivienda mediante las labores inspectoras en el ámbito del fenómeno de la desocupación de viviendas así como aquellas otras relativas a la inspección del depósito de fianzas».

Uno de los objetivos básicos de la norma es «mitigar de forma urgente e inmediata los efectos perjudiciales que la no habitación de las viviendas está produciendo» en Andalucía «mediante la generación de sistemas de información, notificaciones, vigilancia, control y práctica de cuantas actuaciones previas o preparatorias sean necesarias para incentivar mediante los correspondientes expedientes la puesta en el mercado de los inmuebles desocupados en aquellos ámbitos en los que se produzcan mayores desequilibrios entre demanda de vivienda y existencia de viviendas vacías».

También, «propiciar el cumplimiento de la obligación de los propietarios y entidades suministradoras de depositar el importe correspondiente a los contratos de arrendamientos de viviendas y usos distintos de vivienda así como de suministros, mediante las actuaciones tendentes a constatar los incumplimientos e iniciar los expedientes correspondientes que permitan ingresar los depósitos».

La consejera Elena Cortés habló de sanciones de 9.000 euros por piso vacío propiedad de bancos o inmobiliarias. La consejería accederá a los datos de propietarios en alquiler y de empresas suministradoras de luz y agua.