La Audiencia de Sevilla exculpa a otros nueve encausados en la rama política de los ERE

Refrenda la decisión del juez Martín de dejarlos fuera por falta de «indicios sólidos» de delito

Ya estaban fuera. Pero ahora la Audiencia Provincial de Sevilla los ha exculpado definitivamente de la pieza del «macroproceso» de los ERE que gravita en torno al procedimiento específico por el que se otorgaron los fondos públicos. Se trata de nueve ex altos cargos del Gobierno autonómico que el juez Álvaro Martín no incluyó entre los 26 que encausó antes de abandonar el juzgado al no apreciar indicios de delito: los ex directivos del antiguo IFA y luego agencia IDEA –entes que jugaron el rol de cajas pagadoras– Antonio Diz-Lois y Pablo Millán, el ex director general de Presupuestos Buenaventura Aguilera, la ex secretaria general de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información Pilar Rodríguez, el ex director general de Desarrollo Tecnológico Manuel López, el ex director general de Industria Jesús Nieto, el ex secretario general de Innovación Ángel Garijo, la ex secretaria general de Desarrollo Industrial y Energético Isabel de Haro y la ex secretaria de Telecomunicaciones Ana María Peña.

El sindicato Manos Limpias recurrió el carpetazo de la causa respecto a todos ellos, pero la Sección Séptima del tribunal provincial se ha posicionado de su lado en nueve autos, desestimando la pretensión del sindicato, al no ver tampoco, en línea con Martín, «indicios sólidos» para entender que esos ex altos cargos participaran en la creación y el mantenimiento del denominado procedimiento específico por el que fueron procesados entre otros los ex presidente del Ejecutivo regional Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Ello, con independencia, y así consta en las resoluciones de la Audiencia a las que ha podido acceder LA RAZÓN, de que «puedan apreciarse otras responsabilidades penales en la concreta decisión de concesión de ayudas con fondos de la Junta» a empresas inmersas en procesos de reestructuración mediante ERE o de otras subvenciones directas investigadas ahora en piezas de la «macrocausa» distintas a la rama política.

La mayoría de los exonerados, que se suman a otros ex altos argos exculpados antes por el órgano judicial provincial, fueron imputados por la primera instructora del caso, la jueza Mercedes Alaya, por sus vinculaciones con el consejo rector de IDEA. Si bien, en el caso de Diz-Lois, representado por el abogado Juan Carlos Alférez por ejemplo, entiende la Audiencia que Martín consideró, completada la investigación, que a los funcionarios que efectuaban labores de administración en IFA-IDEA no se les podía atribuir delito alguno «ni en cuanto a la manipulación del presupuesto» de esos entes, puesto que «le venía dado por la Consejería de Empleo o Innovación»; ni en cuanto a los pagos que se aprobaban «vía convenio» al no constar que tuvieran conocimiento de la tramitación irregular de los expedientes.