La Audiencia enmienda la plana otra vez al juzgado de Núñez que está en el punto de mira

Afirma que existen indicios de que un empresario al que exculpó sabía que pidió y obtuvo una ayuda “extramuros de cualquier legalidad”

Inspectores del CGPJ visitan esta semana el órgano judicial tras una denuncia de la Fiscalía contra decisiones de la instructora

Está por comprobarse si se ha seguido una cierta lógica errónea o no en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla que recibirá a partir de hoy la visita de una delegación de la Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El desembarco no es caprichoso. Está precedido de una protesta de la Fiscalía Anticorrupción contra decisiones de la titular del órgano judicial, María Núñez, de baja por enfermedad, en la instrucción de las «macrocausas» heredades de la jueza Mercedes Alaya, entre ellas la de los ERE presuntamente fraudulentos. El Ministerio Público puso el foco en el carpetazo dado a varias piezas separadas al no apreciar indicios de delito y en la falta de pulso en las investigaciones que ha provocado la prescripción de otras tantas. En ese contexto, la Audiencia de Sevilla ha emitido un auto, al que tuvo acceso LA RAZÓN, ligado al primer grupo.

La Sección Séptima del tribunal provincial recuerda en su resolución judicial, fechada el pasado 7 de septiembre, que el objeto de uno de los bloques en los que se dividió el «macroproceso» era una ayuda de 300.000 euros que fue a parar a la entidad Tartessos Car en 2008 «con cargo a la partida presupuestaria 31L», el mediático «fondo de reptiles». «Juan Márquez Contreras como director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía dicta resolución el 11 de noviembre de 2018 por la que concede a la citada empresa una subvención sociolaboral de carácter excepcional para atender los pagos de nómina y elaborar los análisis oportunos para determinar los mecanismos necesarios para la continuidad del proceso de reconversión y modernización» de la actividad empresarial, se añade en el auto. Luego se firmó un convenio de colaboración con la agencia IDEA, que actuaba de caja pagadora, e hizo efectivo el traspaso de 300.000 euros «mediante transferencia» tras librar Márquez «la oportuna orden de pago».

El administrador único y apoderado de Tartessos Car en 2008 era Juan José G. Para la Audiencia «ha quedado acreditado» a nivel indiciario que el 7 de noviembre de 2008 solicitó «personalmente» una ayuda sociolaboral «sin especificar ni siquiera el número de trabajadores a quienes la empresa no había abonado su nómina, objeto de la ayuda, los siete meses anteriores» y que, cuatro días después, el ex director general de Trabajo asignó «las ayudas indicadas a favor de 62 trabajadores innominados de dicha empresa». De hecho, «el día 19 de dicho mes y año se abonó por el erario público 300.000 euros». Todo ello, «sin solicitud» de la beneficiaria, «sin publicidad ni existencia de bases reguladoras para otorgamiento de subvención alguna», «sin que el gasto fuera sometido a fiscalización previa» y «sin realizar seguimiento alguno posterior a la aplicación de la ayuda». En definitiva, la ayuda «se efectuó extramuros de cualquier legalidad», se asevera en el auto.

Sin embargo, en una resolución de Núñez se sostuvo que, de lo actuado, se podía «constatar que nada más lejos de la realidad» que el dueño de Tartessos Car «tuviera conciencia de estar realizando una conducta contraria a la legalidad, una contradicción insuperable y de grado notorio con la legalidad vigente», por lo que se archivó la causa contra él.

El Ministerio Público recurrió y ahora la Audiencia entiende que «de lo instruido se puede predicar» que Juan José G. «era consciente» de que pidió y obtuvo una ayuda pública «concedida fuera de cualquier legalidad». Además, hace notar que, según declaró él mismo, «es licenciado en Económicas y gestionaba una consultoría» a través de la que «fue contratado» por Tartessos Car para ser su administrador y apoderado, por lo que «en absoluto se puede afirmar, como hace el auto recurrido, que no era consciente de que la concesión de una ayuda sin tramitación y abono inmediato se otorgó extramuros de cualquier legalidad», insiste el tribunal. Partiendo de ahí, la Audiencia estima el recurso de apelación de Anticorrupción contra el cuestionado auto que revocan, para acordar en su lugar que «por parte del juzgado de procedencia se incoe fase intermedia de procedimiento abreviado contra don Juan José G.».

«En este momento procesal no es posible predicar la ausencia del elemento intencional de los delitos de prevaricación y malversación» por los que se le investigó, argumentan los magistrados. A ver qué deciden los inspectores tras conocer los entresijos del juzgado número 6.

MÁS DATOS

*La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada presentó en julio una denuncia ante el promotor de la acción disciplinaria del CGPJ contra Núñez por el «retraso injustificado» en varias «macrocausas».

*Dos jueces y dos letrados de la Administración de Justicia examinarán el funcionamiento del juzgado y harán un informe. Núñez se juega que le abran o no un expediente disciplinario.

de la Administración de Justicia examinarán el funcionamiento del juzgado y harán un informe. Núñez se juega que le abran expediente disciplinario.