La Audiencia tumba la «masiva inadmisión de diligencias» de Alaya

La magistrada Mercedes Alaya está fuera del juzgado de Instrucción 6 de Sevilla que se encarga del caso de los ERE fraudulentos. Alaya ocupa plaza en la Sección Séptima de la Audiencia provincial a la espera de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se ocupe de su petición de comisión de servicio. Justo la Sección Séptima ha tumbado en un auto la decisión de Alaya del pasado 8 de abril de inadmitir una serie de diligencias que pidió la Fiscalía Anticorrupción. Entre ellas, las declaraciones del que fuera interventor general de la Junta entre 2000 y 2010, Manuel Gómez, que acusó al ex presidente Griñán, en un escrito, de cebar sin descanso la partida de los ERE; y de los «testigos-peritos» del equipo de fiscalización del informe sobre los ERE que realizó la Cámara de Cuentas. La oposición parlamentaria ya denunció en su día que del informe final se suprimieron algunas apreciaciones que sí estaban contenidas en un borrador y que salpicaban directamente a Griñán.

Los magistrados de la Sección Séptima señalan en el auto, fechado ayer y consultado por LA RAZÓN, que la que fuera titular de Instrucción 6 de Sevilla «decidió directamente» rechazar las diligencias que pedía el Ministerio Fiscal «sin razonar esa masiva inadmisión de diligencias».

Además de las declaraciones de Manuel Gómez y de su sucesora al frente de la Intervención, Rocío Marcos, la Audiencia avala que «a la mayor brevedad posible» se aporten todas las agendas del periodo 2000-2011 de los ex consejeros Antonio Fernández y de la también ex ministra Magdalena Álvarez; además de Manuel Gómez; de los viceconsejeros Agustín Barberá y Justo Mañas; de los ex directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera; del ex parlamentario socialista y ex asesor de Trabajo Ramón Díaz; o de otros ex cargos del PSOE como Antonio Rivas.

En relación a los ex interventores, la Audiencia ve pertinente que se investigue si «mantuvieron reuniones con centros directivos afectados o con personal de la propia Consejería de Hacienda».

Avala asimismo la Audiencia la práctica de otras diligencias como la remisión, por parte de la Intervención General, de los informes relativos a Santana Motor e Hijos de Andrés Molina.

Salvo el troceamiento de la causa

La Audiencia provincial rechaza, sin embargo, la petición de la Fiscalía Anticorrupción para que se revoque el auto dictado por Alaya y «se ordene la formación de piezas separadas de enjuiciamiento». La Audiencia tiene pendiente precisamente un recurso sobre la escisión de la causa. La nueva jueza titular de Instrucción 6, María Núñez Bolaños, acordó el pasado mes de julio instar a la división de la causa en tres piezas. Alaya se negó reiteradamente ya que consideraba el procedimiento inescindible y que esto originaría graves perjuicios.