La Cámara de Cuentas constata que hay facturas de obras «en los cajones»

Asegura que «no están consignadas en la contabilidad patrimonial ni presupuestaria de la Junta»

Los ocho alcaldes de capitales andaluzas, junto a la presidenta de la FAMP, se reunieron con el ministro
Los ocho alcaldes de capitales andaluzas, junto a la presidenta de la FAMP, se reunieron con el ministro

La Cámara de Cuentas ha constatado en un informe que la Junta de Andalucía guarda facturas en una especie de «limbo» que «supondría el incumplimiento del principio de contabilidad pública, previsto en el artículo 9.1.g) del Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía». El trabajo del órgano fiscalizador sobre «las inversiones reales en el presupuesto de la Junta de Andalucía: especial referencia a la política de infraestructuras» presta atención en uno de sus apartados a los «gastos pendientes de imputar al presupuesto», una cuestión denunciada en varias ocasiones por la patronal de obra pública Ceacop y que la Consejería de Hacienda siempre ha negado –otros sectores, como empresas de formación o asociaciones de discapacitados, también han hablado de deuda «oculta»– .

El estudio se centra en el periodo comprendido entre 2007 y 2011. Sólo en esos cuatro años, la Cámara de Cuentas señala que «en cuanto a las inversiones ejecutadas, al menos 452,5 millones de euros de gastos realizados están pendientes de imputar al presupuesto de la Junta de Andalucía». El desglose de esta cifra se reparte en 112,54 millones contabilizados en la cuenta 409 «Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto» relativos al ejercicio 2010; 326,53 millones de certificaciones de obras que no han sido fiscalizadas; y 13,43 millones de liquidaciones finales de obra pendientes de aprobación por la consejería.

Aclara el órgano fiscalizador que «salvo para los gastos registrados en la cuenta 409 –112,54 millones–, la existencia de facturas y/o certificaciones justificativas de gastos realizados sin crédito consignado supondría el incumplimiento del principio de contabilidad». El «limbo» en el que se encuentran esas facturas lo despeja en una de las conclusiones del informe: «Estas deudas, si bien se registran en la contabilidad de la Agencia de la Obra Pública –empresa pública que depende de la Consejería–, no están consignadas en la contabilidad patrimonial ni presupuestaria de la Junta de Andalucía, al no presentar ésta información consolidada en la cuenta general».

¿Por qué no se abonan estas facturas? «La razón para no realizar las imputaciones a presupuesto de las cantidades es la falta de crédito disponible en la Consejería de Obras Públicas y Vivienda», apunta el trabajo.

En sus alegaciones, la Junta asegura que «rinde trimestralmente información sobre la situación de esta cuenta –la 409– al Consejo de Política Fiscal y Financiera» y que los 326,53 millones que se sacan fuera es para que compute «al déficit del sector instrumental» –y no al de la Junta–.

El informe también precisa que la Agencia de Obra Pública tiene 1.108,63 millones de euros en compromisos de gastos plurianuales por obras adjudicadas que no están previstos por la Consejería y que hay obras de infraestructuras que se prevén retrasar «cinco años o más, hasta 2017».