La Cámara de Cuentas sí vio «claro» el riesgo de menoscabo de fondos en los ERE

Una auditora afirma que se lo trasladaron al Tribunal de Cuentas que era el que podía decidir si lo hubo o no

Lo dijo sin vacilaciones y tal vez consciente de que la diferencia de criterio difícilmente iba a ser eludida. Si la Intervención General de la Junta (IGJA) no detectó peligro de menoscabo de fondos públicos, por lo que no elaboró ni elevó el famoso informe de actuación que hubiera puesto freno a las irregularidades, la Cámara de Cuentas lo hizo «claramente». Así al menos lo aseveró ayer la auditora de ésta Nuria Mendoza, quien continuó con su declaración en el juicio de la pieza política de la «macrocausa» de los ERE presuntamente fraudulentos que ha sentado en el banquillo a 22 investigados con los mentones más o menos levantados, entre los que se encuentran los ex presidentes del Gobierno autonómico Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Mendoza explicó en la Sala a preguntas de las defensas que el Ejecutivo regional encargó en 2011 al ente fiscalizador revisar las ayudas bajo sospecha concedidas por la Dirección General de Trabajo entre 2001 y 2010 tras saltar a los titulares la existencia de «intrusos» –personas que nunca trabajaron en las empresas beneficiarias de las subvenciones para los ERE– y abierta ya la causa judicial por el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla que en aquel momento comandaba la jueza Mercedes Alaya. Se repasaron más de un centenar de expedientes en un trabajo coordinado por Mendoza y tras el que, a diez años vista y a la luz de las situaciones «excepcionales» que se pusieron de manifiesto, puede decir que observaron «claramente riesgo de menoscabo» de dinero público. De acuerdo a su relato en tono bruñido por años de experiencia auditora, no se quedaron ahí. Trasladaron su temor tanto al gabinete jurídico del órgano que los tenía en nómina como al Tribunal de Cuentas, que es el que tiene jurisdicción para decidir si «hubo o no» menoscabo y para determinar la posible responsabilidad contable, en caso afirmativo. De hecho, éste ha dictado ya seis sentencias condenatorias ligadas a ayudas pespunteadas al proceso de los ERE en las que se reclaman distintas cantidades a ex cargos andaluces como los ex directores generales de Trabajo Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera.

Interrogada sobre si las ahora polémicas subvenciones de la Junta se destinaron al fin para el que fueron otorgadas, apuntó que nada en unos expedientes con escasa documentación les permitía afirmar que así fue, al no haber «justificación», por ejemplo, o no quedar suficientemente motivado el presunto interés general aducido por el Gobierno andaluz para soportar algunas de las ayudas. Censuró que se diera por bueno casi cualquier cosa.

La auditora se alineó con quienes antes en la vista oral habían defendido que las transferencias de financiación que nutrieron los ERE se usaron de un modo «inadecuado», al no emplearse para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias de entes instrumentales, en concreto por lo que respecta a esta causa del IFA y luego de la agencia IDEA, que actuaron de cajas pagadoras. Convino con algunos interventores que lo habían declarado en días previos, en que la Consejería de Empleo debió someter a «fiscalización previa» el gasto que suponían las subvenciones que se repartieron.

Interrogada sobre si creía que las advertencias de la Intervención fueron suficientemente indicativas de lo inadecuado del sistema que se diseñó, la testigo contestó que se puso «negro sobre blanco» en los informes de control financiero de IFA/IDEA que iban dirigidos, además de a éstos, a su consejería de adscripción –primero Empleo y más tarde Innovación– y al departamento de Hacienda. Con todo, matizó después que la existencia misma del juicio al que ha sido llamada evidencia que, aunque la Intervención intentó dar a conocer las anomalías, lo hecho no fue suficiente. No supo concretar qué se pudo añadir.

Más datos

*El auditor de la Cámara de Cuentas Santos Rodríguez negó que la orden estatal de 1995 de ayudas excepcionales para empleados afectados por empresas en crisis amparase las que dio la Junta, como sostienen varias defensas.

*Santos ratificó a preguntas del abogado del PP-A, Luis García Navarro, una conclusión provisional de la Cámara de Cuentas tras la disección de expedientes de los ERE de 2001 que apuntaba a que «los gastos de subvenciones» habían sido «tramitados y fiscalizados presupuestariamente como transferencias de financiación» desde 2001 a 2010, «sin que por la Consejería de Empleo, por la Consejería de Hacienda ni por la IGJA se adoptaran las medidas necesarias para solventar los incumplimientos que de manera reiterada habían sido manifestados en los informes de control financiero realizados al IFA/IDEA». Con todo, luego puntualizó que había que quedarse con las conclusiones del informe definitivo, entre las que no figuraba la aludida por García Navarro.