Fraude en los cursos de formación

La causa de los avales de IDEA se suma a las de especial complejidad

Núñez atiende la petición de la Fiscalía y contará con 18 meses para instruir el caso

La jueza María Núñez Bolaños, a la entrada de los juzgados sevillanos
La jueza María Núñez Bolaños, a la entrada de los juzgados sevillanoslarazon

Era lo esperado porque lo había solicitado la Fiscalía Anticorrupción y lo había hecho ya con otras causas similares. La titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, ha englobado el proceso relativo a las presuntas irregularidades detectadas en torno a los avales y los préstamos concedidos por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), ente de la Junta adscrito en la actualidad a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, en la categoría de los de especial complejidad. Así se lo adelantaron ayer fuentes del caso a Ep y se lo confirmaron a este periódico, al que apuntaron que el auto en el que se recoge su decisión ya ha sido dictado. Con este movimiento, la jueza podrá disponer de 18 meses para finalizar la instrucción, en lugar de los seis fijados para las causas simples, de acuerdo con lo establecido por la reciente reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La Fiscalía formuló su petición en ese sentido al entender que era «razonable pensar» que la fase de instrucción no se iba a poder completar «antes del 6 de junio de 2016», fecha en la que se cumplirán los seis primeros meses de la entrada en vigor de la mencionada ley. Y ello, a pesar de que la magistrada ha acotado por el momento la investigación a los expedientes de 18 empresas.

Con todo, para Anticorrupción este proceso tiene por objeto «numerosos hechos punibles» y prevé que pueda llegar a «involucrar a gran cantidad de investigados», además de que se necesita «la aportación» todavía de «abundante documental –ya se acumulan casi 30.000 folios, más lo contenido en múltiples CD y DVD–», así como «la realización de pericial de notable complejidad», como es «la encomendada a la Intervención General del Estado (IGAE)». Todos estos argumentos lo plasmó la Fiscalía en su escrito, en el que demandaron a la jueza la práctica de una serie de diligencias para impulsar la investigación. Entre ellas plantearon oficiar a la agencia IDEA para que ésta elabore un cuadro-desplegable en el que se especifiquen las entidades beneficiarias, si cada uno de los avales tiene la condición de «propio» o de «reglado», la fecha de resolución de las concesiones, el órgano que las aprobó, el importe autorizado y formalizado o las fechas de las constituciones de las contragarantías y sus formalizaciones.