La cuenta de los ERE, por favor

Más de tres años de investigación judicial, 116 imputados, 43.000 folios de sumario... Son las cifras abrumadoras del mayor caso de corrupción en España. En todo este tiempo, la juez instructora ha pasado del anonimato a ser una cara reconocible por los andaluces, que la identifican exactamente con lo que es, una digna representante de la Justicia.

La Junta, sin embargo, ha ido reconvirtiendo su posición conforme las pesquisas se acercaban a los escalafones más altos. El parapeto del ex director de Trabajo Francisco Javier Guerrero como único responsable se derrumbó pronto; ex consejeros y altos cargos actuales se cuentan entre el centenar de imputados. El Gobierno de Griñán, acusado y acusador, ha dado alarmantes muestras de falta de colaboración con la Justicia, incluso rayando la obstrucción cuando, por ejemplo, se negó a entregar las actas de los consejos de Gobierno. Que el propio presidente acusara a la juez de dictar autos al son del PP y de situarlos en momentos clave de la actualidad política –¿podría interpretarse al revés, y ser el PSOE el que conoce de antemano los movimientos judiciales...?– hubiera requerido una intervención férrea por parte del Consejo General del Poder Judicial. Los ataques políticos continuos no sólo atentan contra la independencia judicial, también suponen ningunear a los andaluces –un dato: el 75% dijo apoyar la decisión de imputar a altos cargos, según una encuesta del Egopa–. Andalucía no necesita, como quiere Diego Valderas, «pasar página» y cerrar el capítulo de los ERE; necesita saber la verdad sobre el millonario fraude. ¿O es que acaso el futuro de Alaya depende de las próximas elecciones?