La demolición del Algarrobico se retrasará «como mínimo seis años»

El abogado de organizaciones ecologistas culpa a la Junta de haber «mareado la perdiz»

El embrollo judicial ha marcado la historia del hotel que Azata intenta levantar en el Algarrobico, sobre la primera línea del litoral de Carboneras, en Almería. Hace unos días el Tribunal Supremo (TS) se alineó con el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) al rechazar los recursos planteados por la Junta contra los autos del último que le impidieron en 2015 ocupar la finca donde se encuentra la edificación sin la previa inscripción registral. La Administración autonómica defendió que una sentencia del mismo TSJA que avalaba la adquisición de ese espacio mediante el derecho de retracto sobre los terrenos la amparaba, pero el Supremo ha dejado claro que no y ha señalado el camino: la vía civil. Desde el Ejecutivo regional se ha anunciado que la iniciarán «de manera inmediata» y se ha aseverado que ello podría retrasar la demolición del hotel, que supondrá un coste estimado de 7,1 millones, al menos en dos años. Pero el abogado José Ignacio Domínguez, quien lleva más de una década representando en los tribunales a organizaciones ecologistas en los múltiples pleitos que ha generado el Algarrobico, avisa de que «serán muchos más».

«Lo que ha pasado con el TS se sabía que ocurriría», asevera a LA RAZÓN. «La Junta debió decantarse por la vía civil en 2013 y hubiera ganado cuatro años, cuando se produjo la primera sentencia firme sobre el retracto. El Ayuntamiento de Carboneras, que ha ido siempre de la mano de Azata, lo recurrió, pero el TSJA le dio la razón al Gobierno andaluz», recuerda, para añadir que el Alto Tribunal autonómico avisó ya en 2015 de la falta de competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa para resolver sobre el acceso al registro de la propiedad, incluso cuando ésta deriva del ejercicio del derecho de retracto. «El Gobierno andaluz podía haber hecho las dos cosas a la vez incluso, recurrir al Supremo y comenzar la vía civil, pero no lo hizo», lamenta. ¿Cuál es la senda a recorrer ahora? El letrado lo explica condensado: «La Junta irá a un juzgado normal, suponiendo que éste se ponga de su parte y que le dé los terrenos, es previsible que Azata recurra a la Audiencia Provincial correspondiente y es probable que lo siguiente sea que haya que dirimir si el hotel en sí entra o no en el retracto. Serán años de juzgados otra vez», vaticina. «Luego, el Ayuntamiento de Carboneras podría negar la licencia para demoler el edificio, dada la postura de proteger el hotel que ha mantenido, porque los terrenos son urbanizables en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y el establecimiento hotelero tenía permiso». Domínguez cree que el Supremo podría resolver en 2018 en relación a que «el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) municipal no recoja el suelo sobre el que se eleva el Algarrobico como zona urbanizable» y liga a esa opción la «solución más rápida» para que el Ejecutivo regional pueda hacerse con la finca. Ésta pasaría, a su juicio, por que «una asociación ecologista pidiera que el ayuntamiento cambie el PGOU» agarrándose al TS y al «Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), una norma de rango superior al PGOU que impide construir en la zona», y que «se anulen las sentencias que lo impiden». Pero ello «supondría, como mínimo, seis años», advierte. Para Domínguez la Junta ha estado siempre «mareando la perdiz». Le reprocha «no hacer nada rápido» para poder llegar al fílmico «the end».