La DEVA y el pago a los profesionales de Secundaria

El reconocimiento a la excelencia de los profesores podría ser el comienzo de una reforma orientada a mejorar la calidad educativa

La tramitación de la Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Andalucía para 2019 permitió la introducción de una enmienda del Grupo Parlamentario VOX por la que se establecía un incentivo económico a los profesores de enseñanza Secundaria y a los de las escuelas oficiales de idioma. El incentivo, en forma de pago único, se otorgaría a quienes, habiéndolo solicitado, alcanzaran el nivel de excelencia establecido. Aún no se ha articulado cuál será el procedimiento de evaluación pero aportamos una propuesta que consideramos factible.

Actualmente la evaluación de estándares de calidad de profesionales, centros formativos y titulaciones se realiza mediante agencias de evaluación que analizan de forma anónima las solicitudes que remiten los interesados a través de una aplicación telemática. Los criterios de evaluación son públicos y existe un procedimiento de reclamación para quienes no estén de acuerdo con la evaluación recibida. Los evaluadores se eligen a través de un sistema en el que los interesados en actuar como tales remiten sus currículums para ser seleccionados. Es un procedimiento ágil, con garantías y transparencia suficientes y mucho más barato que desplegar tribunales de evaluación.

La reorganización del sector público andaluz ha supuesto, entre otros cambios, la desaparición de la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa (Agaeve). Sin embargo, sigue funcionando la Dirección de Evaluación y Acreditación (DEVA) con competencias únicamente para la enseñanza universitaria. Esta agencia tiene funciones atribuidas en la evaluación (acreditación) de las candidaturas para determinadas plazas de profesores, de titulaciones y también de proyectos de investigación que compiten por los fondos disponibles. La propia DEVA está actualmente evaluando la concesión de complementos salariales específicos a los profesores universitarios que lo son de alguna universidad regional pública y que lo hayan solicitado.

La forma más operativa y transparente de cumplir con lo dispuesto en la Ley presupuestaria de Andalucía para los profesores de secundaria y de escuelas oficiales de idiomas sería reformar el estatuto de la DEVA ampliando sus funciones a la evaluación del personal docente no universitario. Es posible que esto implique la modificación de la Ley 15/2003, 22 de diciembre, Andaluza de Universidades que regulaba la Agencia Andaluza de Evaluación y Acreditación Universitaria (AGAE), origen de la actual DEVA.

Ampliadas las competencias de la DEVA, se tendrían que establecer los criterios de evaluación algo que siempre resulta complejo pues es fruto de una negociación entre los representantes sindicales del sector y la administración. Sin embargo, hay mucho camino recorrido ya en evaluaciones similares de manera que la realización de doctorados, máster, publicaciones, etc suelen ser criterios generalmente aceptados y no difíciles de convertir en puntajes.

El reconocimiento a estos profesores de su excelencia podría ser sólo el comienzo de una reforma más amplia orientada a mejorar la calidad educativa en Andalucía que tan mejorables resultados ha mostrado, por ejemplo, en los informes PISA. Así, podría ser el mismo procedimiento para reactivar las convocatorias de cátedras de instituto que la Junta de Andalucía dejó de realizar desde hace más de dos décadas a diferencia de otras comunidades autónomas como Valencia, Murcia, Cataluña o Madrid.

Pero vayamos más allá, ¿por qué no ampliar esta reforma a todo el personal docente no universitario? Particularmente importante es el colectivo de los profesores técnicos de formación profesional, pues no pocos desarrollan experimentos susceptibles de ser patentados. Con datos de 2018, Andalucía es la tercera región española que mayor número de solicitudes de títulos de propiedad industrial (10.694) tras Madrid y Cataluña. Sería una buena medida, permitir el desarrollo de la carrera profesional de los profesores técnicos de formación profesional incluyendo entre los criterios de evaluación el número de patentes registradas tal y como ahora se hace con los profesores universitarios e investigadores.