La ex interventora general admite riesgo de prescripciones de subvenciones

Señala que en sus dos años al frente se abrieron 18 expedientes de reintegro, nueve se han cobrado, pero de cinco de ellos «no sabe nada».

Rocío Marcos sustituyó al frente de la Intervención General de la Junta de Andalucía en 2010 a Manuel Gómez, investigado en el «caso de los ERE». Estuvo al frente del organismo de control durante dos años y fue relevada por Adolfo García, que ha abandonado el cargo recientemente. La etapa comprendida entre 2010 y 2012 fue en la que se produjo el cambio de modelo de fiscalización ya que el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) se convirtió en 2010 en agencia de régimen especial y a partir de 2012 se incluyó en el régimen de control financiero permanente.

La ex interventora general admitió que uno de los principales problemas que tuvo que afrontar es que existía un retraso de dos años en la justificación de subvenciones. De hecho, «2007 y 2008 estaban sin justificar». Los retrasos en el proceso no son, por tanto, producto de los últimos años ni de la limitación de la tasa de reposición dictada por el Gobierno central como en algunas comparecencias ha deslizado el PSOE.

En este sentido, como reconoció posteriormente, esos retrasos podría podrían provocar que algunos de esos expedientes «podrían estar prescritos» y que, en concreto, «los antiguos corren un riesgo importante de prescribir, por la bola que se ha ido generando», dijo.

Aunque Marcos no encontró irregularidades significativas durante su época al frente de la Intervención, sí apuntó que de más de 30 subvenciones analizadas de esos años, se registraron 18 expedientes con peticiones de reintegro. El devenir de esos reintegros ha sido desigual. De hecho, detalló que en nueve se ha recuperado el dinero; en uno se ha recibido la solicitud de reintegro, pidiendo el pago voluntario; otros tres han comunicado que han iniciado el procedimiento de reintegro; y en los otros cinco a la Intervención «no le ha llegado nada». Se trata solo de una muestra de todas las ayudas gestionadas.

Su testimonio también permitió certificar el especial trato que recibían los denominados agentes sociales. Como interventora general tuvo que fiscalizar 18 expedientes que por su cuantía –más de tres millones de euros– tenían que elevarse a Consejo de Gobierno. De los 18 reseñados, 16 eran subvenciones regladas destinadas a CC OO, UGT y la Confederación de Empresarios de Andalucía. En los otros dos casos se trataba de una subvención nominativa a la Faffe y otra ayuda excepcional a la Fundación para el Empleo de Cádiz. En ninguno de estos expedientes advirtió irregularidad.

En cualquier caso, Marcos también advirtió de que las funciones de la Intervención están delimitadas y aunque, en muchas ocasiones, cargos políticos acaben resposabilizándola, el alcance de los controles es «limitado».

Más de 5.000 documentos, cerca de la prescripción

La secretaria general del PP-A, Dolores López, mostró ayer un documento remitido por la Junta de Andalucía al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla en el que, con fecha de mayo de 2015, ya se alertaba de la existencia de hasta 5.170 documentos contables en situación de próxima prescripción. El documento muestra que no se han examinado expedientes anteriores a 2008, por lo que el dinero no se podría recuperar.