La Fiscalía corrige a Alaya: procedimiento abreviado y no sumario

La Fiscalía de Sevilla y varias defensas han pedido la nulidad del auto por el que la juez del «caso Mercasevilla» incoó un sumario en la fase final de la investigación por la «venta fraudulenta» de los terrenos de la lonja, en la que está imputado el portavoz municipal de IU, Antonio Rodrigo Torrijos.

Todos los recursos plantean que el trámite adecuado, teniendo en cuenta que las penas aparejadas no superan los nueve años, era el procedimiento abreviado y no el sumario, y menos aún el juicio con jurado como sugería la juez en una providencia posterior.

El mismo día en que la juez Mercedes Alaya notificó la apertura de un sumario, el 4 de diciembre, la Fiscalía recurrió por entender que el cauce adecuado era el procedimiento abreviado, y al día siguiente la propia juez emitió una providencia en la que pedía a las partes que se pronunciasen.

Esta parte del «caso Mercasevilla», segunda macrocausa instruida por Alaya que encara su recta final, tiene 19 imputados, entre ellos Torrijos, ex primer teniente de alcalde, el ex gerente de Urbanismo Manuel Marchena, el ex concejal socialista Gonzalo Crespo y los exdirectivos de la lonja Fernando Mellet y Daniel Ponce.

La juez investiga lo que ha denominado «adjudicación fraudulenta» en el año 2006 del concurso de venta de los terrenos de Mercasevilla a Sanma, que ofertó por 105 millones de euros frente a los 158 de su competidora Noga.

Los abogados defensores también han recurrido diferentes aspectos del auto como los delitos imputados de prevaricación, falsedad cometida por funcionario y prevaricación urbanística. Otros letrados, en sus recursos, han destacado que la doctrina del Tribunal Supremo «es clara» en cuanto a la falta de competencia de un tribunal del jurado para enjuiciar este caso.

«Operación Madeja»: quinta prórroga

Alaya ha prorrogado por quinto mes el secreto sumarial que pesa sobre la última rama del «caso Mercasevilla», referente al presunto pago de 30.000 euros a un asesor socialista a cambio de contratos a las empresas Fitonovo y Fiverde. El secreto fue decretado por primera vez en julio, cuando la Guardia Civil realizó cuatro detenciones en el seno de la «Operación Madeja».