La Fiscalía quiere abrir cinco piezas separadas que afectan de lleno a la Junta

La Fiscalía Anticorrupción quiere despiezar el caso de los cursos de formación en cinco bloques. Así se lo ha trasladado a la titular del juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños. Todos, en mayor o menor medida, afectan a la Junta de Andalucía, la administración que ha concedido las ayudas investigadas y que, en algún caso, ha gestionado esos fondos a través de entes propios. Lo curioso es que la propia administración andaluza está personada en la causa como acusación.

El primero de los grandes bloques propuesto por el Ministerio Público agruparía a los entramados empresariales. Se trataría de sociedades que han recibido subvenciones de manera habitual en las convocatorias de la Junta. La Consejería de Empleo, bien a través de los servicios centrales o las delegaciones impulsaba las convocatorias y era la encargada de revisar el cumplimiento de las mismas.

La segunda pieza afecta a los consorcios públicos de formación. Se trata de 14 entes públicos controlados por la Junta –en los que participaban ayuntamientos– y en los que se impartían cursos subvencionados en los que se han detectado distintas irregularidades. El Ejecutivo andaluz ha afrontado sin éxito una reestructuración de estos consorcios. Personal de los mismos llevan más de un año sin cobrar sus nóminas.

La tercera pieza es la vinculada a las presuntas irregularidades detectadas en la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe). Se trata de un medio propio de la Consejería de Empleo. La Cámara de Cuentas detectó un agujero contable en esta empresa de 48,8 millones de euros. Las subvenciones las entregaba la propia Consejería.

La infructuosa formación y posterior recolocación de los extrabajadores de Delphi constituiría el cuarto de los bloques. La Guardia Civil investiga las empresas que recibieron fondos para los cursos. En especial, las pesquisas se centran en uno de los imputados, el ex consejero Ángel Ojeda, aunque no es el único. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha reclamado más de ocho millones de euros a 9 empresas que se encargaron de la formación de los ex trabajadores por «contratos simulados». De nuevo, fue la Junta la que impulsó estos planes.

El último de los apartados se refiere a la «operación Barrado» que desarrolló la Guardia Civil cuando la jueza Mercedes Alaya aún instruía la causa. De nuevo, la participación de la administración andaluza en los presuntos hechos delictivos es clave. Los agentes detuvieron a nueve delegados y ex delegados provinciales de Empleo y la magistrada, entre otras conclusiones, aseveró que la Junta había tejido «una red de clientelismo político» al tiempo que desde la Consejería se dieron«órdenes» de no controlar las subvenciones concedidas.

La petición de la Fiscalía tendrá que ser aceptada por la jueza María Núñez, que ya en el «caso ERE» asumió los postulados del Ministerio Público. La instructora también tendrá que analizar la situación procesal de la Junta.

Esta cuestión ya suscitó algún encontronazo con Alaya cuando ésta pilotaba el juzgado. La magistrada llamó la atención sobre la actuación de la Junta de Andalucía porque entendía que la postura del Ejecutivo «evidenciaría un principio de unidad de intereses con el PSOE contrario a la condición de parte acusadora».

La previsible división de la causa de los cursos de formación supone un nuevo varapalo para la manera de instruir de la jueza Alaya, que ve como, de momento, sus dos grandes macrocausas –la de los ERE –a la espera de lo que decida la Audiencia– y ésta puedan acabar en casos menores.