La Fiscalía respalda el vuelco «legítimo» de los correos de cargos de la Junta en el “caso Aznalcóllar”

Considera que la decisión de la instructora no es «indiscriminada» ni «innecesaria», dada las presuntas relaciones entre éstos y empresas licitadoras, ni abre una «investigación prospectiva»

«No es ni indiscriminada ni innecesaria ni supone el inicio de una investigación prospectiva». Son afirmaciones de la Fiscalía de Sevilla y se refieren a la decisión de la titular del juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, Patricia Fernández, instructora del «caso Aznalcóllar», de mandatar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a copiar los correos electrónicos de tres altos cargos y una docena de funcionarios de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta que pudieran ser relevantes para la investigación. Aseveraciones que argumenta. La diligencia autorizada no es discriminatoria puesto que afecta «única y exclusivamente» a la correspondencia electrónica intercambiada «entre los años 2013 y 2016» y que haga referencia «al concurso y adjudicación de las actividades extractivas de los recursos existentes en la reserva minera» sevillana de Aznalcóllar. No es innecesaria, y así lo razonó la jueza, y no supone tampoco el arranque de una investigación prospectiva, como se sostuvo en algún recurso contra la resolución de Fernández como el de la actual viceconsejera de Empleo, María José Asensio, porque lo que se intenta dilucidar en la causa es si se ha cometido «un presunto delito de prevaricación en el que supuestamente hubieran podido incurrir los empleados públicos que conformaron la mesa de contratación y la comisión técnica» del concurso del Gobierno autonómico por el que se asignó la explotación del reabierto yacimiento.

En un arbolado escrito, fechado el 3 de marzo y al que ha tenido acceso LA RAZÓN, el Ministerio Público defiende que el hecho de que el volcado de los e-mails exceda de lo encomendado a la UCO «no puede afectar ni a la legalidad ni a la pertinencia» de la medida, dado que la instructora funda su necesidad en «los hasta cinco encuentros» que presuntamente tuvieron lugar a lo largo de 2013 y 2014 «entre altos cargos de la Dirección General de Minas y directivos de la compañía Emerita Resource España SL –una de las entidades que no logró hacerse con la mina– y de éstos con uno de los administradores del grupo empresarial al que pertenece Minorbis SL –ganador del concurso–». Esto «amén de supuestas llamadas teléfonicas entre los mismos», se matiza en el informe, para explicar luego que la revisión de los correos es «imprescindible» para averiguar si hubo «algún tipo de apoyo o indicación institucional desde la Administración autonómica, previo y/o paralelo al discurrir del concurso». Punto en el que la Fiscalía llama la atención además sobre la «aceptación por un empleado público de una invitación a una recepción organizada por una compañía licitadora» o que iba «a serlo», y sobre la asistencia de otros a «una reunión en la sede de compañías» ofertadoras o «que pudieran serlo».

Y el Ministerio Público enraiza en otro razonamiento su postura. Recuerda que los tribunales Constitucional y Supremo mantienen la «licitud» de «la vigilancia» por parte de un empresario de los correos electrónicos corporativos de sus trabajadores y que en el ámbito penal se pueden investigar los archivos del disco duro del ordenador del empleado, sus mensajes o los datos de tráfico de sus comunicaciones sin la autorización de un juez. Partiendo de ahí, de que en esos casos de «una relación de sujección» empresario/empleado o Administración/funcionario esto es así, «no puede discutirse la legitimidad de la diligencia», teniendo en cuenta que se trata de direcciones corporativas en las que «no puede haber misivas o mensajes privados o particulares», sino sólo de trabajo.

El amplio escrito supone sin duda un espaldarazo a la magistrada que optó por suspender el pasado febrero el vuelco de los e-mails obtenidos en Empleo porque aún no se habían resuelto los recursos contrarios a su resolución. No es además el único movimiento de Fernández que apoya la Fiscalía. En el mismo documento deja constancia de que no considera «improcedente» que ésta recabara el auxilio de la Intervención General del Estado (IGAE) para estudiar la validez de la normativa que regulaba el concurso público. Señala que, en todo caso, deberán ser los nacionales los que manifiesten si el dictamen encargado por el juzgado «excede de su deber» de asistencia. Y hay otro apunte. «Razones de prudencia y consideración hacia los funcionarios autonómicos aconsejan», la elección de Fernández, dice, al ser uno de los denunciados José Marcos Acosta, interventor de una consejería de la Junta.