La Fiscalía y la Policía reclaman datos de beneficiarios de la órbita de Invercaria

Anticorrupción constata la externalización en la sociedad de la Junta y pide facturas de los asesores y un listado de contratos

El titular del juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, quiere recabar más datos sobre Venture Invercaria SAU, antes Inversión y Gestión de Capital Riesgo de Andalucía SAU (Invercaria), una sociedad pública perteneciente a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, y participada al cien por cien por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), que disecciona desde hace años y en la que sigue habiendo agujeros informativos. El magistrado ha accedido a una petición de la Fiscalía Anticorrupción y ha mandatado que se envíe un oficio a esa empresa de la Junta para que ésta aporte los «mayores contables de gastos», las «operaciones con terceros» –el llamado modelo 347 por la Agencia Tributaria–, las «facturas recibidas de despachos, consultoras, asesores», procedentes de personas físicas o jurídicas, y una «relación de los expedientes de contratación», detallando beneficiario, objeto e importe; todo ello relativo al ejercicio de 2010, de acuerdo a lo enumerado en una providencia fechada el 14 de diciembre a la que ha tenido acceso LA RAZÓN.

Este movimiento se enmarca dentro de la pieza del «caso Invercaria» abierta en torno a los fondos procedentes de la Administración andaluza de los que se benefició la empresa Own Spa Desarrollos SL, sobre la que el juez solicitó información al Ejecutivo autonómico por primera vez en febrero de 2015. Esta mercantil se constituyó en 2007 para el diseño, la construcción y la puesta en marcha de instalaciones de ocio relacionadas con el agua, los cuidados corporales y de relajación, a la luz de lo marcado en su objeto social registral; y de su consejo de administración formaron parte la propia Invercaria hasta marzo de 2012, el ex presidente del Sevilla FC José María del Nido –encarcelado luego en el marco del «caso Minutas»– y el ex directivo de esa entidad deportiva y actual presidente del Cádiz Club de Fútbol, Manuel Vizcaíno.

En su buceo judicial en este proceso, la Fiscalía ha detectado que la sociedad de capital riesgo del Gobierno regional «ha contado con asesoramiento jurídico externo para la práctica totalidad de sus operaciones –redacción de documentos de formalización de éstas, reclamaciones de cantidades e incluso ligadas al diseño de la entidad–». Así consta en un escrito del Ministerio Público, consultado también por este periódico. Es en ese contexto de externalizaciones en el que Anticorrupción realiza sus pedidos al juez, tras percatarse de que en un escrito de Invercaria se menciona un informe jurídico relativo a «la responsabilidad de los administradores» y a una «propuesta de actuación para el consejo de administración», cuya autoría, la entidad pública admite desconocer. Los fiscales entienden que el objeto de ese estudio es importante y podría ser relevante para la causa, por lo que creen «necesario» indagar sobre su autoría y por ello plantean el aporte de la citada batería de documentos. Y no es lo único que buscan. Junto a ello, el Ministerio Público pretende que, «a la mayor brevedad posible», se requiera a Venture para que traslade al juzgado «todos los correos y su documentación anexa preparatorios de los consejos de administración de Invecaria SAU desde su constitución hasta el ejercicio 2011». Demanda que de nuevo ha asumido el instructor, como la citación para que declare como testigo el secretario de aquel consejo a 31 de mayo de 2010, Francisco José Oyonarte, que ha fijado a las 9:00 horas del futuro 10 de febrero de 2017.

De otro lado, en la misma providencia, Gutiérrez Casillas atiende los planteamientos expresados en tres oficios distintos por el Grupo de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Policía, a la busca de mandamientos judiciales dirigidos al presidente de Invercaria, Francisco Álvaro Julio, para que éste les facilite informes sobre la situación actual de las inversiones practicadas en siete empresas, algunas de ellas ya desaparecidas. Se trata de Aceitunas Tatis SL, Allfresh Investigación, Desarrollo y Comercialización SL, Keepfresh verde y natural SL, Keepfresh Agroandalucía SL, Desarrollos Industriales Herón SL; Med & Check SL y Med & Check Sevilla SL. La Policía intenta conocer además si existen en torno a ellas reclamaciones judiciales y, de haberlas, la fecha en la que fueron efectuadas y el estado en el que se encuentran las mismas en la actualidad. Guante que el instructor recoge para mover ficha. No es la primera vez que el juzgado sevillano requiere información con urgencia a una Presidencia de Invercaria que en alguna ocasión ha tardado meses en soltar alegando negociones con los implicados, entre otras causas. Tendrá que servir un nuevo lote.