La IGAE ratifica que la Junta evitó dotar de forma legal el «fondo de reptiles»

La Razón
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La Fiscalía y las partes personadas en el «caso ERE» ya tienen un nuevo informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que complementa al aportado por este órgano en diciembre y que ha sido elaborado a petición de la instructora Mercedes Alaya. El documento de 65 páginas está estructurado en dos capítulos: uno relativo a las funciones de la Cámara de Cuentas en la rendición de la Cuenta General de la Junta en relación a las ayudas sociolaborales de la partida 31L; y otro en el que se analiza un informe de la letrada jefe de ese órgano fiscalizador. En ambas partes cuestiona la idoneidad de las transferencias de financiación, de las que asegura: «En ningún caso debieron destinarse a la concesión de subvenciones sociolaborales».

En relación al primer apartado, la IGAE sostiene que la Cuenta General, remitida anualmente por la Intervención General de la Junta de Andalucía (IGJA), «no consolida las cuentas de las empresas públicas –entre ellas el IFA-Agencia IDEA, entes pagadores de las ayudas– con la de las unidades administrativas –como la Consejería de Empleo–, sin perjuicio de que unas y otras formen parte de aquélla». Por ello, indica que la Cuenta General «per se» no evidencia de forma automática que la inyección económica que IFA o IDEA recibían de Empleo por el programa 31L, el denominado «fondo de reptiles», «no tenía como destino equilibrar su cuenta de pérdidas y ganancias», lo que sería su única finalidad legal. «Dicha partida –mantiene el equipo pericial– constituye la cuenta de enlace entre las de la Consejería y las de IFA-IDEA, la cual, en caso de consolidación entre ambas, habría evidenciado, por sí misma, su discrepancia de importes y, consecuentemente, su indebida aplicación», argumentan los peritos.

En cuanto al segundo bloque, la IGAE admite discrepancias de criterio «significativas» con el gabinete jurídico de la Cámara de Cuentas. Entre ellas los técnicos estatales reiteran, como ya hicieran en su primer y voluminoso análisis, su respaldo al Parlamento regional. Apuntan que la actuación de la Cámara al aprobar las transferencias financieras a IFA-IDEA, empresa pública cuyo Presupuesto elaboró Hacienda «indebidamente», según asevera, «fue plenamente consecuente con la legislación que, sobre esta materia, el propio Parlamento había aprobado en reiteradas ocasiones durante 16 años». La Intervención estatal plantea que si el Ejecutivo andaluz tenía «intención» de conceder el dinero transferido a subvenciones, «pudo realizar las modificaciones presupuestarias» necesarias para dotar la cuestionada partida legalmente, lo que hubiera permitido además su fiscalización por la Intervención Delegada de Empleo. «La Junta tuvo dicha posibilidad legal que no ejerció», se asevera con rotundidad en el informe.

De esta forma la IGAE desmonta una vez más la estrategia de defensa esgrimida públicamente por el Ejecutivo andaluz y el PSOE-A desde que la causa saltó a los medios y que pasa por que el dinero público concedido salía de un Presupuesto que había sido bendecido previamente por sus señorías en el Parlamento, incluido el programa 31L, con lo que el sistema creado para conceder subvenciones era legal.

La IGAE vuelve a concluir que las modificaciones presupuestarias realizadas para aumentar el «inadecuado» concepto financiero con el que «indebidamente se concedieron subvenciones sociolaborales y a empresas en crisis» no cumplieron un requisito legal fundamental: que «la aplicación presupuestaria de destino» fuera «la adecuada». En ese sentido, detalla que 16 de dichos cambios recibieron luz verde en el Consejo de Gobierno, a través de la Consejería de Economía y Hacienda, y otros seis fueron aprobados por el titular de dicho departamento.

Cabe recordar que en la anterior pericial, incorporada a la investigación en diciembre de 2013, reprochaba a los consejeros de Economía y Hacienda entre 2000 y 2009 –la ex ministra Magdalena Álvarez, el ex presidente José Antonio Griñán y Carmen Martínez Aguayo– la ausencia de «las medidas necesarias» para solucionar y erradicar las «irregularidades» detectadas en las fórmulas usadas para administrar el «fondo de reptiles». El equipo estatal reitera, además, la «falta de competencia legal» del director general de Trabajo para conceder las ayudas.